Sánchez fía su futuro a ir sacando votaciones hasta verano

El presidente se recluyó en lo que en la jerga se llama 'trabajo de despacho', que en la mañana de ayer dio sus frutos cuando se conoció su carta al secretario general de la OTAN para desmarcarse del aumento al 5% del gasto en defensa. La política exterior, la predilecta de un inquilino de La Moncloa a quien propios y extraños reconocen desenvoltura en los ámbitos internacionales, aparece ahora como un valor refugio ante la tempestad doméstica. Y el calendario le otorga cierto aliento. En las dos próximas semanas, encadenará la cumbre de la Alianza Atlántica en La Haya con el último Consejo Europeo en Bruselas antes de las vacaciones y, la primera semana de julio, la cumbre para el desarrollo de la ONU que alberga Sevilla y en cuya preparación el presidente ha puesto gran esmero.

Sin embargo, la cruda realidad golpea cada día. Aunque el Gobierno trata de poner buena cara, minimizando todo lo posible el enfado de los socios, que hasta la semana pasada mismo defendieron la honorabilidad de Cerdán e, incluso, abonaron en mayor o menor grado las teorías en circulación para desprestigiar a la UCO.

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Los casi quinientos folios del informe de la unidad de élite de la Benemérita, y su descripción del triángulo formado por Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el inefable Koldo García, suponen una evidencia que nadie puede eludir. Mucho menos cuando se van completando con la certeza, por ejemplo, de que el propio Cerdán posee casi la mitad de las acciones de la principal empresa de la trama, Servinabar, la que formó una Unión Temporal de Empresas (UTE) con Acciona, la compañía que pagaba presuntamente las mordidas a cambio de la adjudicación de obra pública.

Aunque desde Moncloa y Ferraz creen que los socios no pueden, por mucho que amaguen, finiquitar la legislatura ni tumbar al Gobierno. Se aferran para ello a las últimas votaciones parlamentarias. Ayer mismo salieron adelante dos leyes. La primera, la reforma del derecho de asociación impulsada por el Grupo Socialista para, en base a la Ley de Memoria Democrática, incluir la apología del franquismo como causa de disolución. Norma claramente enfocada a ilegalizar la Fundación Francisco Franco en la que no se incluyeron finalmente las enmiendas del Partido Popular (PP) para que esa ilegalización se pudiese llevar a cabo en caso de humillación a las víctimas, e incluyendo también a las del terrorismo de ETA.

Además, el pleno tumbó una enmienda a la totalidad de Vox a una proposición de ley que permitirá incorporarse al régimen de autónomos de la Seguridad Social a los profesionales colegiados que han cotizados a través de las mutuas. Esto último, con la abstención del PP. Suficiente, ambas victorias, para que el Gobierno crea que la legislatura puede avanzar, como también demostraría, según este análisis de parte, la primera criba parlamentaria superada la semana pasada de la reforma judicial para cambiar el acceso a la carrera impulsada por el titular del ramo, Félix Bolaños, contestada con paros de jueces y fiscales que el Ejecutivo considera minoritarios.

Pero ayer también hubo derrotas, y la tensión entre el PSOE y sus socios volvió a palparse. Yolanda Díaz sí apareció esta vez, tras su plantón a Sánchez en la sesión de control del miércoles, aunque la vicepresidenta segunda abandonó a la carrera el Palacio de las Cortes. Los socios permitieron que la Cámara Baja reclamase explicaciones «urgentes» de Sánchez por lo que podría ser «la Gürtel del PSOE», una posibilidad que llegó a sugerir el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, en el enconado pleno del miércoles. Y al Gobierno le irrita especialmente que el poder legislativo pretenda decirle cuándo tiene que acudir ante sus señorías. Tanto como irrita a la oposición y a los socios que no atienda a sus reclamaciones de comparecencia, y que incluso pretende diluir la del próximo 9 de julio introduciendo en el orden del día otras cuestiones como las relativas a la dación de cuentas sobre la cumbre europea de junio.

De momento, el Gobierno sigue sin Presupuestos y no ha presentado aún el proyecto de los mismos, como dicta la Constitución que debe hacerse, independientemente de su aprobación final. Y además de la mencionada reforma Bolaños de la Justicia, que según el ministro supondrá su «mayor transformación», en el horizonte aparece la reducción a 37 horas y media de la jornada semanal, el proyecto que impulsa Sumar y que ya ha provocado roces de envergadura entre Yolanda Díaz y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Sobre esta reforma, Junts per Catalunya ha presentado finalmente una enmienda de totalidad, que en caso de ser respaldada por el PP y Vox, como parece plausible, echaría al traste la ley.

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