Reynders se mantendrá firme en desbloquear y despolitizar el CGPJ

«Lo que pedimos es la puesta en práctica de las recomendaciones del informe sobre el Estado de derecho» en el que «pedimos aplicar los estándares europeos en la composición de los Consejos Superiores de la Justicia. Y a España en particular no sólo recomponer el CGPJ sino también reformarlo», dijo ayer el comisario a la entrada del Consejo de ministros de Asuntos Generales en Bruselas.

Reynders es consciente de que la reforma de las reglas de elección de los miembros del CGPJ no le gusta al Gobierno de Pedro Sánchez, pero esta exigencia está escrita sin ningún género de dudas en la lista de recomendaciones que publicó el verano pasado. De hecho, ambas exigencias, renovación y reforma, aparecen en el mismo punto del informe que pide a las autoridades españolas textualmente «proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial con carácter prioritario e, inmediatamente después de la renovación, dar inicio a un proceso para adaptar el nombramiento de sus vocales elegidos entre jueces y magistrados, teniendo en cuenta las normas europeas relativas a los consejos del poder judicial» que preconizan que ese proceso se deje en manos de los propios jueces.

El informe incluye otros temas que son tanto o más sensibles en España, como lo referido a la independencia del Fiscal general del Estado, asunto en el que pide desde hace varios años que se proceda a la «disociación temporal de los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno, teniendo en cuenta las normas europeas sobre independencia y autonomía del Ministerio Fiscal». Es decir, se pide que el mandato del fiscal general sea de cinco años, por ejemplo, para que no coincida con los cuatro años de la legislatura y la renovación del puesto no se haga en paralelo con la del propio Gobierno que lo nombra, como sucede ahora en España.

Sin embargo, en lo que se refiere a las reglas de elección del CGPJ no hay ninguna duda de que estarán en el proceso de «acompañamiento» que comenzará este miércoles por la tarde en Bruselas y en el que participarán el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el dirigente popular y exeurodiputado Esteban González Pons. Aunque en la Comisión hay miembros de distinta procedencia política, Reynders es militante del partido liberal belga Movimiento Reformador.

Hasta ahora, el Gobierno había usado el informe de la Comisión para acusar al PP de violar la Constitución y en un ejercicio inaudito de parcialidad ha acusado sistemáticamente a la oposición de ser el objeto de las críticas de Bruselas, a pesar de que estas van dirigidas específicamente al Gobierno.

A tenor de los precedentes, el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, asistirá mañana a un diálogo de sordos entre el Gobierno y la oposición sobre el CGPJ. El biministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, no tiene previsto moverse de su posición, que considera avalada por Bruselas, y que no es otra que lograr la renovación de los vocales del órgano, sin adquirir compromiso alguno sobre la reforma del sistema de elección que pide el PP, y que se adaptaría mejor a los estándares europeos de independencia y despolitización de la Justicia.

Aunque desde el Gobierno aseguran que acudirán a la cita con el popular Esteban González Pons con una actitud constructiva y de diálogo, sin descartar los acuerdos. Para el Ejecutivo, la situación de la Justicia es dramática e insostenible si no se acomete la renovación pendiente desde 2018 del CGPJ. Fundamentalmente, argumentan, por la falta de renovación en los puestos en el Tribunal Supremo.

El PP acude a la cita convencido de que el formato es un primer triunfo de Feijóo. En primer lugar por el patrocinio de la idea. En segundo porque estiman que con la Comisión en la mesa es más factible que el Gobierno ceda y acepte un cambio en el modo de elección del CGPJ. Y tercero porque la presencia de Bruselas es en cierta forma una pista de aterrizaje para cualquier pacto con Sánchez, que Génova mide con prudencia.

El PP ya ha movido su postura en esta cuestión. En diciembre Feijóo ya fue claro: acepta renovar el CGPJ con el modelo actual si en paralelo se pacta una proposición de ley entre los dos partidos para cambiar el modelo y avanzar en la independencia de la Justicia en otros estamentos. Llegó a mostrarse dispuesto en una entrevista radiofónica a «correr el riesgo» de que el PSOE lo traicionase durante esa tramitación parlamentaria. Por eso el espejo en el que se mira, para minimizarlo, es la reciente tramitación de la reforma del artículo 49.