Dos meses para un acuerdo: el Gobierno se resiste a cambiar la elección del CGPJ y el PP solo acepta un pacto global

En el comunicado oficial, la Comisión explica que su participación en este asunto interno de un país miembro se justifica en «asegurar el cumplimiento de la legislación europea» y las recomendaciones de su informe anual sobre el Estado de derecho en España. En este sentido, recuerda que textualmente sus recomendaciones de los dos últimos años son «proceder a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como cuestión prioritaria e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso con vistas a adaptar el nombramiento de sus jueces miembros, según las normas europeas sobre los Consejos del Poder Judicial», que prevén que sean los propios jueces los que tengan la mayor responsabilidad en este proceso. Hasta ahora el Gobierno ha insistido en que no quiere cambiar el método de elección de los miembros del CGPJ, pero la Comisión insiste en que el diálogo debe tener como objetivo «la implementación de las dos partes de la recomendación de la Comisión».

También especifica que «este diálogo no debería exceder los dos meses», que es el tiempo que le queda a Reynders antes de que tenga que apartarse de sus responsabilidades para promover su candidatura a la Secretaría General del Consejo de Europa.

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Poco antes, a su llegada a la reunión informal del Consejo de Ministros de Justicia bajo presidencia belga, Reynders se refirió a la ley de amnistía para recordar que los legisladores nacionales tienen que prestar mucha atención «a lo que afecta a la lista de crímenes europeos y el terrorismo es uno de ellos», pero insistió en la tesis ya conocida de que la institución comunitaria expresará efectivamente su opinión cuando se haya terminado el proceso legislativo y haya texto definitivo: «No pretenderán que lo hagamos a cada paso».

En el mismo consejo informal participaba Félix Bolaños, que dijo haber hablado con Reynders el jueves por la tarde durante una visita al Museo de Bellas Artes de Bruselas organizada por la presidencia belga. Pese a ello, Bolaños aseguró que no hablaron «ni una palabra» de la amnistía porque, según su versión y a pesar de lo que acababa de decir minutos antes en ese mismo lugar el propio Reynders, «la única preocupación de la Comisión es la renovación del CGPJ».

Pero lo cierto es que la Comisión habla en su comunicación de que su propósito es cumplir con los dos objetivos que ha venido plasmando en sus recomendaciones. Por un lado, la renovación del CGPJ, pero también el cambio en el modelo de elección. En el PP se han mostrado muy satisfechos de que se reconozca esto último y del plazo de dos meses establecido. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, celebró que la Comisión Europea haya aceptado el esquema de supervisión que él planteó.

Ahora bien, dejaba claro que la negociación para la renovación del CGPJ debe ir en paralelo con la aprobación de una «nueva ley» que profundice en la independencia judicial. En este punto Feijóo fue más allá del cambio de modelo del órgano de gobierno de los jueces y se refirió también a una ley para «evitar que los ministros y altos cargos pasen del Consejo de Ministros al CGPJ o al Tribunal Constitucional». Es decir, el PP estaría planteando recuperar el texto que llegaron a tener cerrado con el Gobierno en la tentativa de negociación que naufragó en el último trimestre de 2022 y que era una norma integral para despolitizar la Justicia, no solo en lo relativo al CGPJ. Esos puntos llegaron a estar cerrados, siendo el único escolló el referido al modelo del CGPJ. En esa ley se incluían cláusulas que habrían impedido nombrar magistrados para el Constitucional a Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Tras el pronunciamiento de la Comisión Europea, fuentes gubernamentales señalaron su agradecimiento por implicarse en la renovación del CGPJ «como pidió el Gobierno», sin tener en cuenta que la propuesta de supervisión comunitaria nació del PP. Bolaños insistió ayer en que lo urgente y lo que pide la Comisión Europea es «renovar el CGPJ y dar normalidad a la Justicia». El ministro solo accedió a conceder que una vez se haya renovado el CGPJ «por supuesto» que podrán «hablar de otros asuntos». Ese va a ser el principal escollo, porque el PP quiere que ambos procesos discurran en paralelo. En su última entrevista con ABC, Feijóo apuntó a que esa nueva ley debía tratarse como una proposición de ley conjunta de PSOE y PP que se tramitase con premura. De una forma similar a lo que ha sucedido con la reforma del artículo 49 de la Constitución. El PP no quiere dejar esa cuestión para después de la renovación del CGPJ y en una tramitación ordinaria porque sabe que los socialistas rechazan el cambio de modelo de elección y solo aspiran a lograr avances si ambas negociaciones se vinculan. Como publicó ABC esta semana, Bolaños ha transmitido abiertamente a las asociaciones judiciales que no es su intención cambiar el modelo.

Las partes consultadas en los últimos días creen que la presencia de Bruselas en la mesa de negociación acerca el acuerdo. El PP confía en que Reynders promueva no limitar el pacto a la renovación del CGPJ, mientras que los socialistas creen que Europa amparará la idea de que la renovación es prioritaria y que el cambio de modelo «no es una obligación, sino una recomendación», insisten en La Moncloa.