Iñaki Urdangarin presenta un escrito en el que pide que se declaren prescritos sus posibles delitos fiscales

“Si el delito está prescrito no hay ni puede haber responsabilidad penal y, por tanto, su instrucción acerca de los hechos y de las conductas prescritas está prohibida por la propia normal penal", explica el letrado, que desde el principio se ha mostrado especialmente beligerante contra la decisión del magistrado de aceptar la petición de Anticorrupción de someter a su cliente a un exhaustivo examen fiscal. Vives, incluso, llegó a denunciar que esta diligencia solo tenía como objetivo buscar nuevas pruebas para imputar nuevos delitos a su cliente y que la investigación estaba teledirigida a buscar indicios de criminalidad.

El letrado del marido de la infanta Cristina, que insiste en que si los ejercicios fiscales de 2003, 2004 y 2005 están prescritos no podrían ni siquiera ser investigados, se pregunta "¿a qué efectos distintos se puede valorar el contenido de unos ejercicios fiscales prescritos? Clara y definitivamente, a ningún efecto", apunta el abogado, insistiendo en su teoría de que el juez se está saltando la ley y “las normas reguladoras del proceso penal"

Ya este verano, Vives pidió a Castro que rectificara su decisión de autorizar la petición de Anticorrupción de que la Agencia Tributaria de Cataluña realice un análisis exhaustivo de la fundación y de una decena de mercantiles -entre ellas Aizoon, la inmobiliaria propiedad de la Infanta y el exdeportista- para tratar de cuantificar la «trascendencia fiscal» de las supuestas irregularidades que Urdangarin y Torres cometieron. O sea, cuánto dinero pudieron defraudar al fisco.

Vives pidió a Castro que dé marcha atrás en su decisión de movilizar a los inspectores de Hacienda porque entiende que el escrito presentado el pasado 18 de julio por el fiscal Pedro Horach contiene expresiones «claramente incriminatorias» y que su petición de saber si Urdangarin y sus empresas cometieron un fraude «carece de la necesaria y exigible objetividad». Según esgrime la defensa del duque, el hecho de que la Fiscalía incluya «términos predeterminadores de conductas, no ya presuntamente fraudulentas, sino claramente incriminatorias» en su escrito debería haber llevado al juez a negarse a ordenar a la Agencia Tributaria que investigase.

En su demanda, Horrach había incluido preguntas para los inspectores como si «es habitual ocultar la existencia de ánimo de lucro utilizando para ello asociaciones o fundaciones de forma fraudulenta», lo que, según la defensa de Urdangarin, constituye ya un prejuicio en sí.