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Rabat y su larga «marcha» contra la prensa

La expulsión de periodistas es solo un paso más en la escalada del gobierno marroquí para silenciar la causa saharaui

MARTÍN BIANCHI

La represión que está padeciendo la prensa española e internacional en Marruecos no es noticia nueva ni, mucho menos, una reacción apresurada del Gobierno de Rabat para acallar los ecos mediáticos de su última intervención militar en el Sahara Occidental. La actividad persecutoria del Ministerio de Comunicación del Rey Mohamed VI comenzó a intensificarse exactamente un mes antes del asalto al campamento saharaui en El Aaiún. El 1 de octubre, el principal semanario arabófono del Reino, llamado «Nichane», anunció que cerraba sus puertas como «consecuencia de un boicot publicitario sistemático e implacable de los diferentes anunciantes». «Está claro que molestaba con su línea editorial a menudo crítica y su tono independiente», señaló entonces Jean-François Julliard, secretario general de Reporteros sin Fronteras. En enero, ya había cerrado el «Journal Hebdomadair», otro de los pocos medios críticos con el régimen.

Menos de un mes después, el 29 de octubre, el Ministerio dirigido por Jalid Naciri anunció el cierre de las oficinas de «Al Jazeera», la cadena de televisión por satélite qatarí, así como la suspensión de las acreditaciones de su cinco periodistas. «Siempre hemos respetado nuestros compromisos. De acuerdo con el lema de nuestra cadena, hemos presentado el punto de vista de unos y de otros. ¿Cómo ofrecer una visión objetiva de la actualidad sin incluir la opinión de ambas partes? No hicimos más que nuestro trabajo de periodistas», declaró el director de la oficina de «Al Jazeera» en Rabat, Abdelqader Kharroubi. Sin embargo, el gobierno marroquí no dio marcha atrás y suspendió las transmisiones de la que entonces era la cadena informativa más vista del Reino. El argumento: «Alteraba seriamente la imagen de Marruecos y perjudicaba manifiestamente sus principales intereses, a la cabeza de los cuales está la cuestión de la integridad territorial».

Contra los españoles

Tres días antes de que el ejército marroquí irrumpiera en el campamento de Agdaym Izik, varios periodistas españoles —entre los que se encontraba el corresponsal de ABC— fueron agredidos por militantes promarroquíes en un Tribunal de Casablanca, donde se hallaban para cubrir un juicio contra siete activistas saharauis. «En apariencia, daba la impresión de estar organizado, pero se les fue de las manos. Distinguíamos a personas vestidas como abogados que parecían dar instrucciones a la policía y otros tenían pinta de policías vestidos de civil. Algunos abogados nos insultaban en español», declaró entonces Luis de Vega, corresponsal de ABC.

La misma mañana del asalto de El Aaiún, el 8 de noviembre, el corresponsal del periódico de los Emiratos Árabes «The National» y un delegado marroquí de la ONG «Human Rights Watch» fueron atacados por la policía al ser confundidos por periodistas españoles. Era solo un aviso de lo que seguiría tras el ataque al campamento. En los días posteriores, una treintena de periodistas españoles y de otras nacionalidades se vieron impedidos a viajar al lugar de los hechos. La excusa fue siempre la misma: si tenían billetes, los representantes de la Royal Air Maroc les anunciaban que sus reservas habían sido anuladas; si querían comprar un billete, les indicaban que no había ningún vuelo disponible.

El último golpe de Rabat son las expulsiones. Primero fue nuestro corresponsal, Luis de Vega, al que se le retiró su acreditación acusado de «prácticas de animosidad y falsificación de los hechos» en la cobertura de la crisis en el Sáhara. Pero en los últimos días se han sumado tres de «Antena 3», otros tres de la cadena «SER» y de RNE.

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