El PSOE rompe con su historia y acepta el relato independentista catalán

El documento está dividido en tres apartados (antecedentes, oportunidad histórica y acuerdos), los dos primeros fijan una narrativa compartida que justifica los acuerdos concretos del tercer punto. En este relato se tergiversa el pasado, se omiten hechos relevantes y, en ocasiones, se falsean situaciones políticas de los últimos lustros en Cataluña.

1. «Una parte importante de la sociedad catalana ha protagonizado en los últimos años una gran movilización en favor de la independencia. Este período no puede comprenderse sin la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010, a raíz fundamentalmente de un recurso del PP contra el Estatuto aprobado por el Parlament, por las Cortes Generales y en referéndum».

Se omite en este párrafo que además del recurso del PP contra el Estatuto de 2006 se presentaron nueve recursos más contra este ley orgánica. Fueron los que presentaron ocho comunidades autónomas (una, la de Aragón, gobernada por el PSOE) y el Defensor del Pueblo entre 2000 y 2010, Enrique Múgica (PSOE). Igualmente, se olvida que entre 2010, fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional, y 2012, año en el que se produce la primera manifestación masiva por la Diada, el Govern catalán de CiU, presidido opr Artur Mas, pactó los dos presupuestos autonómicos con el PP, después de ser investido 'president' gracias a un pacto con el PSC.

2. «Con la aprobación de un nuevo Estatuto, la sociedad catalana, que lo refrendó (...)».

En ningún momento del documento se recuerda que la votación del referéndum del Estatuto tuvo una participación del 49% de los catalanes con derecho a voto. Parece muy atrevido defender como argumento político que la sociedad catalana refrendó un texto con una participación que no llegó ni a la mitad. El 74% de los que votaron lo hicieron por el 'sí'. Curiosamente, ERC votó 'no' al texto estatutario. Y nada se dice, tampoco, del pacto del Tinell, suscrito en 2003 entre el PSC, ERC e ICV-EUiA, cuyo proyecto político más importante fue la elaboración del Estatuto de 2006. En este pacto se deja negro sobre blanco que ninguno de los tres partidos llegará a un solo acuerdo con el PP en ningún ámbito: «Ningún acuerdo de gobernabilidad con el PP, ni en la Generalitat ni en el Estado. Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las Cámaras estatales».

3. «Reivindicaciones y demandas con un profundo recorrido histórico y que han adoptado diferentes formas desde que los Decretos de Nueva Planta abolieron las constituciones e instituciones seculares de Cataluña».

El nacionalismo catalán, y el PSOE hace suyo, recurre al año 1714 y la victoria de los Borbones frente a los Austrias, en el marco de la Guerra de Sucesión a la monarquía española de inicios del siglo XVIII, como el origen de todos sus males. Sin embargo, al margen de que la victoria de Felipe V sobre el archiduque Carlos fue el inicio de un siglo de prosperidad económica y social para Cataluña, de forma mayoritaria los catalanes han formado parte y han protagonizado los hitos posteriores de la formación de España, sin ir más lejos, la Constitución de 1978.

4. «La sentencia del TC del año 2010 conllevó que hoy Cataluña sea la única comunidad autónoma con un Estatuto que no ha sido votado íntegramente por su ciudadanía».

Esta afirmación es mentira. Se podrá discutir el calado de los ajustes que el Alto Tribunal ha tenido que hacer en las normas estatutarias, que son leyes orgánicas, pero no se puede decir que el de Cataluña es el único que fue votado y luego modificado por el Constitucional. Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía refrendado en 2007 fue ajustado a la ley por el Constitucional en 2011, anulando un artículo. A esto hay que añadir que la sentencia del Estatuto catalán de 2010 es el resultado de la mayoría progresista del Tribunal. Cabe recordar que fueron los magistrados considerados conservadores los que emitieron votos particulares a la sentencia.

5. «Como reacción [a la sentencia del TC], se produjo una gran manifestación de protesta y, desde 2015, se han ido repitiendo mayorías absolutas parlamentarias independentistas en el Parlament en las sucesivas elecciones autonómicas, así como movilizaciones masivas de signo independentista».

En este párrafo se omite que la manifestación contra la sentencia del TC, que fue masiva y la encabezó José Montilla, entonces presidente de la Generalitat y que tuvo que salir antes de tiempo para evitar que fuera agredido por radicales independentistas, fue en 2010. ¿Qué pasó entre 2010 y 2015? De entrada, una crisis económica en 2012 que obligó al Govern de Mas a llevar a cabo unos recortes en los presupuestos autonómicos como nunca antes se había visto. En 2011, Mas tuvo que entrar en helicóptero al Parlament el día en que se votaban los recortes. Los diputados lo tuvieron que hacer entre insultos y agresiones, verbales, al menos, y escoltados por los Mossos d'Esquadra. Aquellas medidas se adoptaron con el apoyo del PP. Unos meses después, CiU inició el camino del «derecho a decidir». En el párrafo citado del acuerdo PSOE-Junts se obvia que al igual que ha habido manifestaciones masivas a favor de la independencia, también ha habido movilizaciones en contra en Barcelona, sobre todo desde 2017. La manifestación de la Diada de 2010 fue minúscula y solo a partir de 2012 los partidos independentistas agitan la calle, con la creación de la Assemblea Nacional Catalana (ANC). Dos años después, en ese mismo lustro, se celebró la consulta ilegal del 9-N de 2014.

6. «En ese período, se aprobaron diferentes propuestas por parte del Parlament y del Govern de Cataluña en materia fiscal, así como la solicitud de delegación de la competencia para la autorización de referendos o la organización de una consulta al amparo de una ley autonómica. Lamentablemente, los gobiernos de entonces no favorecieron la negociación política y ninguna de estas propuestas, hechas desde la lealtad y el marco legal vigente, fue considerada».

No fueron solo «los gobiernos de entonces», que presidía Mariano Rajoy, los que dijeron 'no' a las peticiones «en materia fiscal» (2012, Artur Mas: o el concierto económico o la independencia), sino también el Congreso el que se posicionó en contra del referéndum en Cataluña. En varias ocasiones mediante mociones o propuestas no vinculantes, siempre con el voto en contra del PSOE y el PSC. Y en 2014 con una petición formal del Parlament que presentaron y defendieron tres diputados autonómicos en la Cámara Baja (Marta Rovira, Jordi Turull y Joan Herrera). Fue Rubalcaba (PSOE) el que en aquel debate defendió que «no cabe preguntar a unos cuantos por aquello que corresponde a todos». El Congreso dijo 'no', que es tan democrático como decir 'sí', a pesar de que el nacionalismo considera no solo que tiene razón sino que hay que dársela.

7. «Tras estos hechos, las instituciones catalanas promovieron, primero, una consulta popular el 9 de noviembre de 2014 y, después, un referéndum de independencia el 1 de octubre de 2017 —ambos suspendidos y posteriormente anulados por el TC— con una participación masiva en favor de la independencia de Cataluña».

Nadie puede dar fe de que ambas consultas ilegales tuvieran una respuesta «masiva» como la que se quiere dar a entender, a pesar de que sí tuvieron un seguimiento considerable. Las convocatorias no cumplieron con los estándares que la Comisión de Venecia establece para considerarlas válidas en los parámetros democráticos. Entre otras cosas, empezando por el censo. En el 1-O se pudo votar tantas veces como se pudiera y quisiera pues el sistema que se utilizó (para intentar burlar la acción de la Justicia) era totalmente vulnerable. Además, no hubo campañas a favor de las dos posiciones que se presentaban en la votación y, desde los convocantes, es decir, la Generalitat, solo se interpeló a los que optaron por el 'sí'. El 9-N y el 1-O no pasaron de ser dos manifestaciones independentistas más.

8. «El intento del Gobierno de impedir el referéndum [del 1-O] dio lugar a unas imágenes que nos impactaron a todos dentro y fuera de nuestras fronteras».

Más allá del «intento» del Ejecutivo y de las imágenes (entre las que se colaron 'fake news'), la actuación policial del 1-O se sustentó, revisó y controló judicialmente. Fue la juez Mercedes Armas quien ordenó a los Mossos d'Esquadra, la Policía Nacional y la Guardia Civil actuar para impedir el referéndum ilegal del 1-O. De hecho, Armas negó en 2019 que diera órdenes para que, al mediodía de aquel domingo, se pusiera fin a las cargas policiales contra lo que impedían el cumplimiento de las resoluciones judiciales.

9. «(...) a pesar de las discrepancias estructurales que existen dada la distancia entre nuestros proyectos nacionales, estamos preparados para abrir una nueva etapa (...)».

El PSOE acepta en esta frase con la existencia de un conflicto de soberanías de naciones. Y no lo circunscribe al ámbito cultural como hasta la fecha, que ya es polémico. Los socialistas aceptan la premisa nacionalista de que hay dos «proyectos nacionales» que separan Cataluña y España. Sin embargo, esta dicotomía ya está resuelta por el TC, en la sentencia del Estatuto 31/2010: «De la nación puede, en efecto, hablarse como una realidad cultural, histórica, lingüística, sociológica y hasta religiosa. Pero la nación que aquí importa es única y exclusivamente la nación en sentido jurídico-constitucional. Y en ese específico sentido la Constitución no conoce otra que la Nación española, con cuya mención arranca su preámbulo, en la que la Constitución se fundamenta (art. 2 CE) y con la que se cualifica expresamente la soberanía que, ejercida por el pueblo español como su único titular reconocido (art. 1.2), se ha manifestado como voluntad constituyente en los preceptos positivos de la Constitución Española».

10. «Estos acuerdos [a los que lleguen PSOE y Junts] deben responder a las demandas mayoritarias del Parlament de Cataluña que, de acuerdo al Estatuto (que tiene carácter de ley orgánica), representa legítimamente al pueblo de Cataluña».

Y de esta manera se llega al relato defendido por el nacionalismo catalán, y acepta ahora el PSOE, de que el Parlament está por encima de cualquier norma, ley, tribunal y parlamento. Es decir, cualquier acuerdo al que lleguen PSOE y Junts debe encajarse en lo que se decida en el Parlament, al margen de lo que diga la Constitución (que no se cita ni una sola vez en el documento) y, por supuesto, los tribunales de Justicia. Es el choque de legitimidades que el PSOE también acepta en el acuerdo con ERC para la investidura de Sánchez. Es la aceptación de que en 2017 se enfrentaron dos legitimidades, la que salió del Parlament con la aprobación de las llamadas leyes de desconexión , y la que emanó de los tribunales y la acción del Senado (155) y el Gobierno.