Sánchez se enmienda e impone una reforma de la ley del 'solo sí es sí' que arrincona a Irene Montero

Pedro Sánchez ha decidido mover ficha dado que el goteo de beneficios a agresores sexuales no se ha frenado. Desde su entrada en vigor el pasado 7 de octubre hasta que hoy se han superado los 330 beneficiados con rebajas en sus condenas. En los últimos días el malestar venía creciendo entre dirigentes y ministros socialistas, que lamentaban que Podemos no estuviese siendo flexible en sus posiciones, no admitiese ningún error y persistiese en la idea de que todo el problema radicaba en la aplicación que de la misma estaban haciendo los tribunales.

Desde hace semanas se venían produciendo conversaciones con el Ministerio de Igualdad. Pero los avances eran escasos. «Estamos trabajando para plantear una reforma conjunta, pero si no se llegara a un acuerdo nosotros como partido sí presentaremos la iniciativa», trasladan fuentes de la dirección del PSOE. Y lo harán porque dicen que la reforma se centrará «en endurecer las penas a los agresores sexuales». Los socialistas no quieren buscar de entrada el apoyo del PP. Pero en cierta forma anticipan una corrección que podría ser de su agrado: «Dudo que alguien se pueda oponer a endurecer las penas a los agresores, que es de lo que estamos hablando», traslada un ministro socialista.

El PSOE ha decidido dar un paso que reconocen arriesgado. Son conscientes de que la situación de Irene Montero queda comprometida. Los socialistas no desean una ruptura de la coalición. Pero reconocen que es un asunto muy sensible para Podemos. Y hacen hincapié en que puede no haber unidad de acción entre lo que es Podemos y lo que pueda pensar la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y otros actores del grupo confederal como Izquierda Unida o los comunes.

En Ferraz insisten en que están «medidas» las consecuencias de presentar la proposición de ley de manera unilateral, sin acuerdo con los socios de Gobierno. La sensación es que Podemos no quiere tampoco abandonar la coalición. Pero también cunde la sensación de que es una de las disyuntivas más comprometidas a las que se han enfrentado. Recurrir a una proposición de ley es la fórmula más rápida para que, si se aplica el procedimiento de urgencia, en menos de dos meses la reforma pueda entrar en vigor. No obstante, el acuerdo con Unidas Podemos es fundamental para que el Gobierno pueda controlar los tiempos y anestesiar el debate. «Hay que ponerle puertas al problema y arreglarlo. Se lleva estudiando y trabajando mucho tiempo, y llega un momento en el que hay que poner coto a esto», defienden desde la cúpula socialista.

Existe un consenso unánime en todos los estamentos del partido en situar esta cuestión como el elemento que más desgaste puede provocarles, muy por delante de las controvertidas decisiones relacionadas con Cataluña. Pero que, al menos, defienden los socialistas, esas decisiones se toman conscientemente y en virtud de una determinada estrategia. No es el caso. «Los efectos indeseados» que ha producido la ley del ‘solo sí es sí’, son fruto de una mala praxis por parte del conjunto del Gobierno y que tienen el componente añadido de ser un tema que pone el foco en la cesión y dependencia respecto a Podemos. «Esto tiene una enorme repercusión social», reconocía ayer un dirigente autonómico. «Las consecuencias sociales son más que evidentes. Hay una gran preocupación que queremos arreglar», explicaba ayer un miembro del Ejecutivo.

En las filas socialistas creen que el daño ya está hecho. Tanto en el plano penitenciario, los beneficios generados por la aplicación de la ley no se podrán revertir, como en el plano electoral: «Todo el desgaste se ha producido ya. Pero hay que lanzar el mensaje de que queremos enmendar el error», reflexionaba ayer otro dirigente del PSOE. Los socialistas reconocen por tanto un error, pero no lo explicitan, ni quieren señalar responsables. Porque son conscientes que la norma implica a todo el Gobierno, no solo al Ministerio de Igualdad. Más si cabe porque la norma fue negociada con el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. «Aquí lo importante son las soluciones», quiso despejar ayer Pilar Alegría.

La cuestión está todavía lejos de poder darse por cerrada. Porque la posición de Podemos se sigue percibiendo en las filas socialistas como «muy inflexible». Ni Alegría ni el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que fueron los que hablaron ayer públicamente quisieron entrar al choque con Podemos, cuyos principales dirigentes cargaron contra el PSOE y lo asociaron con el PP. «No comentamos a comentaristas», dijo Bolaños esta mañana cuando se le preguntó por una acusación en esta dirección del portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique.

Aunque en el PSOE creen que los morados están exagerando su posición públicamente porque en privado «se está hablando con ellos y conocen nuestra posición». Pero el nudo gordiano se sigue sin resolver. Podemos entiende que el plan del PSOE de agravar las penas vuelve a poner el foco en la violencia y la intimidación, y que esto desplaza al consentimiento como eje de la ley. Pero los socialistas insisten en que ese aspecto nuclear de la ley «no se va a tocar».

Podemos acusa al PSOE de «ceder a la presión» del Partido Popular debido al año electoral con autonómicas y municipales en mayo y generales en diciembre. «Compartimos que un cambio penal no va a evitar revisiones de las condenas, hemos trabajado con el PSOE diferentes propuestas y ambos coincidimos en que una modificación penal no va a evitar las revisiones», ha asegurado la portavoz de Podemos y asesora en el Ministerio de Igualdad, Isa Serra.

Sin embargo, contradicen al PSOE que ya avanza incluso qué fórmula intentarán para que se tramite. «El PSOE está muy presionado para volver al modelo anterior, donde no está en el centro el consentimiento. Pero para nosotras es fundamental preservar el modelo basado en el consentimiento», ha añadido Serra. Este es el principal argumento para el rechazo de la propuesta socialista.

La propuesta del Ministerio de Justicia plantea elevar las penas introduciendo un agravante de violencia o intimidación. Y es lo que rechaza Podemos porque a pesar de que el párrafo sobre el consentimiento se mantenga dentro del texto de la ley, insisten en que el hecho de que una mujer tenga que dejar claro si opuso resistencia o no, ya supone un ataque directo al consentimiento como «corazón», como clave de bóveda, según explican, de la ley de Igualdad. «Desde el momento en el que se exige que haya violencia o intimidación, es una vuelta al modelo anterior que echa por tierra el avance feminista recogido en la ley del 'solo sí es sí'», ha subrayado Serra.

El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, dejaba claro esta mañana que esa reforma se va a realizar. Aunque por el momento intenta ser conciliador y presentarlo como un proyecto conjunto de todo el Gobierno. Bolaños ha reconocido que la ley ha producido «efectos indeseados» y que ello ha producido «una preocupación social que no sólo entendemos sino que compartimos».

Por eso, Bolaños dice que van «a modificar, a corregir esos efectos indeseados de la ley del sí es sí y que no se vuelvan a repetir en el futuro». En una visita a Cantabria, ha dicho que se trata de una modificación compleja: «No es sencilla, y en la que no ha podido comprometer plazos porque además su entrada en vigor dependerá después de la tramitación parlamentaria».

Pero ante la campaña de Podemos que denuncia un intento de involución por parte del PSOE, Bolaños ha querido dejar claro que «el consentimiento volverá a estar en el centro» y que ese principio será «nuclear en la modificación que hagamos». Ha insistido en que eso tiene que quedar «meridianamente claro».

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Las partes del Gobierno ya negocian. Pero la tensión es elevada. Para Podemos se trata de una bandera y lleva meses resistiéndose a hacer modificaciones, con una ofensiva contra la «derecha judicial» en la que involucran a los medios de comunicación y ahora también al PSOE. Alegría ha insistido en que el consentimiento estará en el centro de la modificación y ha puesto en valor que «con esta ley hay nuevos comportamientos delictivos, que tienen reproche penal que con la anterior ley no sucedía». Lo más que ha repetido la portavoz socialista y ministra de Educación es la idea de corregir «los efectos indeseados de la norma», rechazando entrar al intercambio de reproches con Podemos.

Al margen de las tensiones entre Moncloa e Igualdad, el departamento de Irene Montero ha propuesta un «Plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar la ley del 'solo sí es sí'». Se trata de un decálogo de propuestas para «facilitar la correcta aplicación de la ley», dado que insisten en que hay «una minoría de jueces» que están aplicándola mal, y que servirá para aplacar «la preocupación social» por las bajas de las condenas. Vuelven a insistir desde Igualdad que la derecha continua con su intento «para volver a modelo anterior que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio».

Se recogen iniciativas como ampliar las competencias de los juzgados y la Fiscalía exclusivos de violencia de género para los delitos contra la libertad sexual, garantizar asistencia jurídica gratuita a las víctimas, reforzar las unidades de valoración forense integral, creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo o el incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia contra las mujeres ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual.

El PSOE deja claro que van a registrar esa proposición, que es la forma más rápida de lograr una modificación legal, pero su intención es poder llegar a un acuerdo previo con Unidas Podemos para que la iniciativa sea suscrita por los dos socios del Ejecutivo para garantizar que la reforma salga aprobada. De no existir ese entendimiento habría que recurrir al PP para lograr la modificación: «Vamos a seguir trabajando para poder hacerlo conjuntamente. Pero si no la posición del PSOE es clara», ha dicho Alegría, que se ha comprometido a «no tocar el corazón de la ley» pero que sí consideran imprescindible «subir y endurecer esas penas a los agresores sexuales.