Tensión entre Igualdad y Moncloa por los posibles cambios en la ley del 'solo sí es sí'

Fuentes de Podemos dejan claro a ABC que no hay acuerdo alguno con la ministra de Justicia del lado socialista, Pilar Llop, para modificar la ley, tal y como habían publicado este sábado varios medios de comunicación, el primero de ellos ‘La Vanguardia’.

Y eso pese a que ambos ministerios llevan hablando desde antes de navidades –en un diálogo que los miembros de la formación morada consultados no dudan en tildar de «fluido»– para explorar las posibilidades de enmendar las rebajas de pena, que en muchos casos están suponiendo directamente la salida de la cárcel de condenados por abuso o violación.

Noticia Relacionada

Montero ocultó al Congreso y al Consejo de Estado las críticas de Justicia a su ley del 'solo sí es sí'

Ana I. Sánchez

Igualdad se saltó la legalidad al no incluir el informe del coproponente de la norma que ha provocado la revisión de pena a casi 300 agresores sexuales

Y es que de fondo late un desacuerdo sustancial: los socialistas, en línea con las peticiones que hace insistentemente la oposición e incluso algunas personas de la izquierda, como recientemente la ex alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, o la actual líder de la oposición en el consistorio capitalino, Rita Maestre, creen pertinente introducir modificaciones en la propia ley. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, también es de esa opinión. Podemos, en cambio, sigue manteniendo que la norma no tiene deficiencias técnicas y que las rebajas de condena y puestas en libertad –que Montero negó que fueran a producirse antes de la ley apareciese en el BOE, llegando a tildar esos vaticinios de «bulo machista»– son culpa de una mala praxis de los jueces. Es lo que han reiterado en los últimos meses tanto la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez Pam, como la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell.

La solución para los de la también ministra Ione Belarra pasaría, por tanto, por «aclarar» a los magistrados cuál debe ser la correcta aplicación de la norma. En esa dirección, de hecho, fue la enmienda que a mediados de diciembre presentaron el Grupo Socialista y el de Unidas Podemos a la reforma del Código Penal (la que eliminó el delito de sedición y rebajó las penas para el de malversación, para cumplir con las exigencias de ERC) con el objetivo de introducir en la exposición de motivos una aclaración sobre el ‘solo sí es sí’. La iniciativa no parece haber surtido efecto, como ya advirtieron ERC, el PNV y EH Bildu, los principales socios del Ejecutivo de coalición, quienes se abstuvieron en la votación de la citada enmienda por considerar que el preámbulo de una norma no tiene efectos jurídicos.

Las fuentes de Podemos consultadas por este periódico responsabilizan, incluso, al Tribunal Supremo (TS) por no haber tomado cartas en el asunto, siempre en su tesis de que todo parte de una mala interpretación de la ley y no de una deficiencia técnica de la misma. Nada más empezar a conocerse las primeras excarcelaciones, el pasado mes de noviembre, el propio Sánchez pidió esperar a que el Alto Tribunal «unifique doctrina». Hasta la fecha, el TS ha ido revisando caso a caso muchas de esas rebajas, avalándolas en muchas ocasiones, pero sin establecer un criterio general.

Por otra parte, Podemos cree que el PSOE está siendo víctima de «presiones», como dijo ayer mismo la portavoz morada Isabel Serra, para incluso volver al modelo anterior al ‘solo sí es sí’. «Quieren echar atrás el consentimiento, y nuestro socio de Gobierno también está sufriendo esas presiones» señaló Serra en un mitin.

En el fondo, Podemos e Igualdad admiten en privado que llevan razón quienes, como algunos de los abogados que han defendido a los condenados por abusos, sostienen que una modificación en la ley como la que plantea ahora el PSOE y pide la oposición no podría revertir el daño ya hecho por las excarcelaciones.

La ley del ‘solo sí es sí’, surgida ante el escándalo social de condenas como la de la manada en Pamplona, es una de las principales banderas de la gestión de Montero como ministra. Y modificarla al poco de su entrada en vigor supondría una muestra de debilidad política en pleno año electoral, y con la incertidumbre aún de cómo terminará el litigio interno con Yolanda Díaz por el espacio a la izquierda del PSOE..