Los prestigiosos bufetes de abogados Pérez-Llorca y Garrigues se manifiestan en contra del pacto PSOE-Junts
Subrayan la necesidad de respetar la independencia judicial, considerándola uno de los pilares del Estado de Derecho
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El descontento manifestado en los últimos días en varias ciudades españolas por el pacto de amnistía entre PSOE y Junts ha trascendido a diferentes instituciones que han mostrado su rechazo al mismo. En ese sentido, Pérez-Llorca, uno de los despachos de abogados más ... importante de nuestro país con delegaciones en Nueva York, Singapur, Londres, Bruselas y, para 2024, en Lisboa, ha revelado su firme oposición ante las medidas contenidas en el acuerdo entre ambos grupos para conseguir la investidura de Pedro Sánchez, siendo el primer bufete de abogados en expresar públicamente su desacuerdo.
En el comunicado difundido este viernes a través de la red social de LinkedIn, el bufete que nació a manos de José Pedro Pérez-Llorca, uno de los padres de la Constitución, subraya la necesidad de respetar la independencia judicial, considerándola uno de los pilares del Estado de Derecho. El texto alude al término 'lawfare', incluido en el pacto constituido por PSOE y Junts, y enfatiza que «los jueces y magistrados españoles ejercen su función con arreglo a la ley, con independencia y profesionalidad».
Con esta declaración, el prestigioso bufete manifiesta su respaldo a la declaración institucional emitida el pasado jueves por la junta de gobierno del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), que expresó su rechazo al acuerdo entre PSOE y Junts tras conocerse el texto que lo fundamenta.
Bufetes y colegios en contra del pacto de amnistía
Aunque Pérez-Llorca ha sido el primer bufete en adoptar una postura crítica con el acuerdo, varios despachos consideran hacer lo mismo por la alarma jurisdiccional que ha generado el texto. Por el momento, la firma que preside Fernando Vives, el bufete de abogacía Garrigues, ha sido el segundo despacho en sumarse al desacuerdo con un comunicado en el que resalta su «disconformidad con toda injerencia, desde cualquier posición política o ideológica, en la actividad de los jueces y magistrados que, en el ejercicio de sus funciones, están únicamente sometidos al imperio de la ley».
En el ámbito institucional, varios colegios oficiales de abogados, incluyendo el de Granada y los tres existentes en la Región de Murcia, han emitido comunicados similares en contra del pacto PSOE-Junts. Al igual que ha hecho el Colegio de las Islas Baleares, que ha calificado las medidas como un «riesgo inasumible de quiebra de la separación de poderes» y ha señalado que la referencia al 'lawfare' «siembra dudas inaceptables sobre la independencia de los juzgados y tribunales, contribuyendo al desprestigio de la justicia».
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