El PP condiciona el reparto de menores inmigrantes entre comunidades autónomas a que no se exima a Cataluña

Ni el partido del fugado Carles Puigdemont, preguntado por ABC, ni el Ejecutivo se han querido pronunciar sobre esta afirmación del PP. Los separatistas, se ha limitado a decir el Gobierno, les prometieron hacerle llegar una propuesta con matices respecto al acuerdo inicial, la cual valorarían si introducirla o no en el texto. Pero «la estamos esperando aún», ha dicho el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, que ha comparecido en el Escritorio del Congreso junto con el presidente canario, Fernando Clavijo (CC).

No obstante, cabe recordar que Junts, que lleva tiempo endureciendo sus posiciones en materia de inmigración desde el año 2017 a raíz de que surgiera en Cataluña el partido independentista de extrema derecha Aliança Catalana, ya ha hecho maniobras en este sentido. En enero, sin ir más lejos, pactó con el PSOE, a cambio de que éste consiguiera revalidar en el Congreso varios decretos leyes, el desarrollo de una ley orgánica al amparo de la Constitución para que la Generalitat catalana gestione integralmente las competencias en materia de inmigración.

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Laura Bautista

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Torres y su sucesor al frente del Ejecutivo canario han concluido este miércoles su ronda de contactos con los partidos para recabar apoyos con los que sacar adelante la modificación legal para que se recoja en la ley de Extranjería la obligatoriedad de que las comunidades autónomas acojan el exceso de menores extranjeros no acompañados que llegan al archipiélago. El martes fueron recibidos por el Grupo Mixto, el PNV, ERC, Bildu, Junts y Sumar, y hoy ha sido el turno de Vox, PSOE y PP. El principio de acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico establece unos límites de los menores inmigrantes que puede acoger Canarias, a partir del cual se activaría una derivación automática al resto de comunidades, con un compromiso de financiación para esos territorios. Con las crisis migratorias sufridas por Canarias en los últimos años, su capacidad ha llegado al límite. Las islas cuentan actualmente con 6.000 niños y niñas inmigrantes y la propuesta es que el tope se sitúe entre los 2.000 y 3.000, según precisaron ayer.

Fuentes del PP explican que no se oponen a la reforma de la ley de Extranjería, pero reclaman financiación para todas aquellas autonomías que acojan menores inmigrantes, que el pacto incluya a todas las autonomías sin excepción e implicación de Moncloa y Bruselas, ya que España, dicen, es una frontera europea. Torres y Clavijo no se han atrevido a confirmar ningún conato de acuerdo con los de Feijóo -«no hay fumata blanca», dicen- y han explicado que «en los próximos días» tendrán la respuesta de qué partidos apoyan el «texto último», quiénes lo rechazan o quiénes se abstienen. «Pero todavía para eso nos queda un poco», han lamentado. Recalcan que la única formación que ha expresado su «no rotundo» es Vox.

En este sentido, han anunciado que llevarán la propuesta a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, con todas las comunidades autónomas, que tendrá lugar «en las próximas semanas». De ahí saldrá el texto final del acuerdo, que será rebotado al Congreso para su aprobación definitiva a través de decreto-ley o de propuesta de ley de lectura única y urgente, algo aún no concretado. Es una iniciativa, por cierto, de la que no había sido informado de antemano el PP canario a pesar de compartir Gobierno en el archipiélago con Coalición Canaria (CC). Tanto el ministro como el líder del Ejecutivo canario confían en que la modificación parlamentaria de la norma pueda abordarse en alguno de los cuatro plenos extraordinarios previstos para el mes de julio en la Cámara Baja.