Canarias pide apoyo para que se haga por ley el reparto de menores

El principio de acuerdo entre el Gobierno central y el autonómico establece unos límites de los menores inmigrantes que puede acoger Canarias, a partir del cual se activaría una derivación automática al resto de comunidades autónomas, con un compromiso de financiación para las regiones. Con las crisis migratorias sufridas por las Islas Canarias en los últimos años, la capacidad de la autonomía ha llegado a su límite.

De ahí que Torres y Clavijo estén defendiendo en el Congreso la necesidad de reformar la ley de extranjería para poner en marcha un mecanismo de solidaridad interregional, si bien no todos los partidos políticos comparten esa visión. Ayer, en las ruedas de prensa previas y posteriores a la reunión semanal de la Junta de Portavoces, ya se constató la dificultad de llegar a un acuerdo. Por un lado, pesa la desconfianza mutua entre populares y socialistas.

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El portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Miguel Tellado, defendió la solidaridadentre territorios, pero acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de buscar enfrentar a unas comunidades autónomas con otras. Mientras, su homólogo socialista, Patxi López, exigió a los populares, que gobiernan en la mayoría de autonomías, que asuma esa solidaridad con medidas concretas.

Por su parte, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, reiteró que su partido está en contra de cualquier sistema de reparto que implique derivar a cualquier punto del territorio nacional a un inmigrante, menor de edad o no, que haya llegado de forma irregular a España. «Lo que hay que hacer es llevar a cabo la reorganización familiar de esos menores y llevarlos a sus países con sus padres, pero eso requiere voluntad política, hacer valer las leyes españolas y hacer respetar nuestras fronteras», dijo la diputada derechista, con unas palabras que, teniendo en cuenta que Vox gobierna en coalición con el PP en cinco comunidades autónomas, pueden poner en peligro cualquier entendimiento.

Fuentes del PNV trasladaron asimismo que las conversaciones avanzan «de forma positiva» y reivindicaron el País Vasco como «un pueblo acogedor». Para EH Bildu, se trata de «una propuesta justa de sentido común que parte del principio de solidaridad» y lanzaron un mensaje a los Gobiernos central y regional: «No seremos un obstáculo», aunque pidieron que, «una vez se abra el melón de modificar la ley de extranjería», se aborde también el fin de las devoluciones en caliente, el cierre de los CIE y «la necesidad de establecer vías legales y seguras, y garantizar el asilo a las personas migrantes».

En el espacio político a la izquierda de los socialistas, su socio de coalición, Sumar, se muestra partidario de la medida si bien tendrán que «estudiar el texto y los criterios técnicos». El portavoz de la plataforma en el Congreso, Íñigo Errejón, recordó que la máxima fundamental es la protección de los derechos y los intereses de los menores porque, insiste, lo que está en juego son «los derechos humanos de los niños». El acuerdo al que se llegue entre los distintos territorios, han planteado al Ejecutivo desde Sumar, deberá llevar aparejada «la financiación suficiente para que las autonomías puedan desarrollar esos servicios».

Podemos también suscribirá la propuesta. En la misma línea que su ex grupo parlamentario, los de Ione Belarra apuestan por acoger a los menores «en las mejores garantías» y piden la implicación de todas las autonomías: «No es solamente una cosa ni de Canarias, ni de Andalucía, ni de las comunidades del sur, tiene que ser todo el país el que dé cuenta de la crisis migratoria».