El PP alerta de que los homenajes a ETA se disparan en verano ante la «dejación» del Gobierno

Mientras tanto, denuncia el Partido Popular, el Gobierno de Pedro Sánchez mira para otro lado: «No ha perdido sólo la memoria, ha perdido la vergüenza», se queja en conversación con ABC la portavoz del partido en el Senado, Alicia Garcia, quien alerta de que los 'ongi etorri' que se suceden en el País Vasco «se intensifican en verano con el comienzo de las fiestas» pese a que, en sentido estricto y según cifras de Covite, los homenajes a etarras excarcelados ya no existen en España. Lo que no implica que el culto a ETA en los espacios públicos haya desaparecido, ya que, según el Colectivo de Víctimas del Terrorismo, se registraron hasta 421 actos de apoyo a ETA a lo largo de pasado año, 45 actos menos que en 2023, cuando la cifra se situó en 466 actos.

Entre la tipología de los actos, destaca la aparición de pintadas y pancartas de ensalzamiento explícito a ETA y a sus presos, manifestaciones en las que se ha reclamado la excarcelación de los etarras presos, fiestas populares que se convierten en contextos ideales para enaltecer a la banda terrorista. o los homenajes etarras muertos y a los que todavía están en prisión.

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Unas cifras de las que se han valido los populares en la Cámara Alta, en concreto, las senadoras Pepa Pardo y Mari Mar Blanco, hermana de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP asesinado por ETA en 1997, para presentar dos escritos parlamentarios para preguntar por escrito al Gobierno cuántos de los 421 actos de enaltecimiento de ETA del 2024 y de los 466 de 2023 «se han perseguido de oficio por el Ministerio Fiscal».

La Fiscalía tiene potestad de prohibir la celebración de un acto siempre y cuando se entienda que la mera convocatoria y características del mismo encajan en el delito de enaltecimiento, y esto implica el hecho de que se incite a cometer actos terroristas. Y es que, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el dolo específico de este delito debe implicar que se genere un riesgo de secundar posibles acciones terroristas.

En ocasiones, el Ministerio Público, aunque no aprecie motivos para prohibir un homenaje, sí que ha solicitado que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad vigilen un determinado acto o para comprobar si, en el transcurso del mismo, se dan situaciones que pudieran incurrir en delitos de odio, enaltecimiento del terrorismo o humillación a las víctimas.

A juicio de la popular, el actual Ejecutivo central, «lejos de apoyar a las víctimas, las revictimiza, las desprecia y las humilla» a cambio de «un puñado de votos manchados de sangre», en referencia a sus acuerdos con Bildu –coalición de la que es matriz Sortu, partido heredero de Batasuna, el brazo político de ETA–. Pero «no todo vale. Seguiremos en defensa de la memoria de las víctimas como lo hemos hecho hasta ahora», señala la senadora García al tiempo que recuerda las dos proposiciones de ley del PP aprobadas en el Senado que la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, explica, tiene «secuestradas», ya que acumulan ya tres ampliaciones del plazo de enmiendas.

Se trata de una norma para impedir a condenados por terrorismo ir en listas electorales y de otra que prohibe los homenajes públicos a los asesinos de ETA, que prohíbe expresamente cualquier tipo de homenaje y símbolo «que suponga descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, exaltación del terrorismo, homenaje o concesión pública de distinciones a los terroristas».