Philip Dimitrov: «No avalamos la amnistía porque ese no es nuestro trabajo»

—El informe, ¿avala o no la ley de amnistía?

—Lo primero, este no es nuestro trabajo. No la avalamos ni dictamos lo que tiene que hacerse. Nuestra tarea es dar una opinión respecto a los estándares europeos e internacionales y, por otro lado, hacemos comentarios para mejorar la consistencia de las disposiciones bajo la legislación internacional y la lógica interna del sistema jurídico del país concernido. Pero no interferimos en la cuestión de constitucionalidad que es algo que solo puede determinar el Tribunal Constitucional. Es decir, que esa pregunta no se la puedo responder.

—El informe señala ciertas cosas que no se han reflejado en el texto de la ley de amnistía tal como ya ha sido aprobado ayer mismo en el Congreso. ¿Cómo califica esta situación?

—Nosotros hemos hecho ciertas recomendaciones. Respecto a la consideración general de las leyes de amnistía hemos hecho observaciones respecto a los límites temporales y al campo de aplicación, intentando clarificar el tipo y el nivel de acciones que quedan cubiertas. También sobre asuntos concretos como la comisión de investigación (a los jueces) en el Congreso y hemos definido cuáles pueden sus límites en el marco de la separación de poderes. Además de señalar en el campo del procedimiento que, primeramente, una ley de amnistía no es una legislación cualquiera, sino que se refiere a una situación muy especial cuyo último objetivo es lograr una reconciliación y el cierre de las divisiones en la sociedad. Si ese objetivo no se alcanza claramente los resultados no serán los deseados.

En este sentido, hemos constatado que hay una división considerable en las instituciones, en el mundo académico, en la judicatura y en toda la sociedad española. Por eso creemos que es muy importante que se encuentre un medio para superar esa división. Sería muy importante que se tomase más tiempo para esa reconciliación, para convencer a la mayoría de la sociedad y especialmente a los legisladores de la mayoría y de la oposición.

Teniendo en cuenta el hecho de que no hay previsiones específicas en la Constitución, entendemos que se usa una mayoría equivalente a una ley orgánica, pero teniendo en cuenta las circunstancias especiales y el objetivo de reconciliación, debería contemplarse una mayoría cualificada o se puede aumentar aún más la división.

—La cuestión es que la ley ya se ha aprobado en el Congreso en primera votación sin tener en cuenta sus recomendaciones.

—Es difícil para mi entrar en los distintos procedimientos legislativos, pero teniendo en cuenta todas las observaciones que hacemos, que se han presentado enmiendas y aún se pueden presentar otras, nuestro diálogo seguirá funcionando. Ese objetivo (de que se cumplan sus recomendaciones) puede ser alcanzado. Las instituciones necesitan tiempo para llegar a sus objetivos. No es nuestro papel decirle al Gobierno que siga nuestras instrucciones. Nosotros hemos hecho un informe basado en la idea de que si el Gobierno quiere alcanzar determinado resultado entonces esas recomendaciones deben ser tenidas en cuenta.

—¿Se puede decir entonces que el Gobierno ignora a la Comisión de Venecia?

La Comisión de Venecia no es un jefe administrativo ni un panel de jueces. No comentamos nada, hacemos recomendaciones y los países son libres de seguirlas o no. Por ahora el proceso no ha terminado, pero si en el futuro usted llega a esa conclusión, es muy libre de explicarlo así.