Penalistas recogen el guante de Feijóo: «Hace falta una sedición renovada»

Tras la última reforma del Código Penal impulsada por PSOE y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), en la que desapareció el delito de sedición por el que se condenó a los líderes del procés sustituyéndolo por el de desórdenes públicos agravados, distintos expertos alertaron de que queda un vacío legal: ahora no se puede castigar a los cargos públicos que, sin violencia, se organicen para separar un territorio del conjunto de España.

De ahí que la propuesta del líder del PP, adelantada por ABC, se ha visto con buenos ojos por aquellos que, desde hace años, consideraban necesario derogar el delito de sedición puesto que estaba pensado contra insurrecciones militares de otra época mientras veían necesario articular nuevas penas para evitar que se repitan desafíos como el que emprendió en 2017 el independentismo catalán desde el propio Govern con Carles Puigdemont al frente.

Gonzalo Quintero, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Rovira i Virgili, fue el primero. en el año 2020, que aludió a la posibilidad de un delito de «deslealtad constitucional grave» para castigar «los intentos de separar una parte del territorio del Estado, o de una parte de una comunidad autónoma», como escribió en el artículo 'La cuestión catalana, la petición de amnistía y la reforma del delito de sedición', publicado en la revista Almacén de Derecho. En conversación con este diario, se reafirma en que era necesario derogar la sedición pero también crear en su lugar «una serie de delitos contemporáneos al modo en que un Estado de Derecho moderno se autoprotege. Lo que no puede ser es no construir nada y dejar este vacío».

La propuesta del experto pasa por legislar para que haya un «grupo de delitos que tengan como denominador común la falta de lealtad a la constitución» y, dentro de éstos, establecer distintos grados, «desde el máximo de intentar romper la unidad del Estado, pasando por la convocatoria de un referéndum para cambiar el orden jurídico al mínimo de faltarle al respeto al jefe del Estado», aunque advierte: «Los delitos se tienen que concretar en actos muy determinados, porque una actitud no es delictiva».

Antonio Javato, profesor de Derecho Penal en la Universidad de Valladolid confirma, tras repasar los códigos penales alemán, italiano, francés y portugués en lo que se refiere a los delitos contra el Estado y la Constitución que ninguno de ellos cuenta con una figura similar a la deslealtad constitucional que propone el PP, probablemente por la distinta trayectoria histórica de éstos respecto a España. Sin embargo, ve «conveniente» instaurar un delito como el propuesto por Feijóo, algo que, según destaca, «comparten bastantes penalistas», incluso del Grupo de Estudios de Política Criminal, a través de distintas fórmulas.

Su propuesta consiste en evitar nuevas situaciones como la del desafío del otoño de 2017 en Cataluña a través de un delito de desobediencia específica para castigar el «incumplimiento de las resoluciones del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo poniendo en peligro el orden constitucional». Incluso apunta a una pena de prisión concreta, de cinco años. El abogado penalista Enrique López Sierra, que ha realizado estudios comparativos sobre delitos contra el orden constitucional en los países de nuestro entorno, se refiere a la instigación a desobedecer la ley que existe en Italia y está castigada con entre seis meses y cinco años de prisión como el más parecido al propuesto por el Partido Popular. Aunque con todas las salvedades, teniendo en cuenta que la propuesta del candidato a la investidura no fue detallada y que cada país ha creado sus códigos penales a partir de su historia reciente. En España, los delitos de rebelión y sedición se articularon contra futuras insurrecciones militares.

Bernardo Del Rosal, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Alicante, considera que la propuesta, con lo que se conoce hasta ahora, es «ambigua, poco precisa». «Deduzco que en el fondo es recuperar la sedición pero modernizándola, quitándole la caspa de la sedición decimonónica. Cuando hablas de un delito de deslealtad constitucional o institucional tienes que definir la conducta de forma precisa, porque es un término que se presta a una definición subjetiva. ¿Qué es desleal?». El también abogado penalista incide en que el delito con el que se busca impedir una situación a futuro, casi «ad hoc» pensando en la situación de Cataluña, no tiene precedente en los códigos europeos ni tampoco en los españoles.