Pedraz propone juzgar al gerente de una empresa española por el espionaje a Assange en la Embajada de Ecuador

En su auto de pase procedimiento abreviado, recogido por Europa Press, el juez instructor envía a juicio a David Morales, responsable de la empresa española Undercover Global (UC Global), por haber presuntamente entregado a terceros información «ilícitamente obtenida» sobre Assange y otras personalidades.

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Pedraz, que le atribuye presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos, cohecho, falsedad documental y tenencia ilícita de armas, envía también a juicio al responsable de operaciones de UC Global, Michel Wallemacq, en su caso por supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos.

El magistrado recuerda que entre 2015 y 2018 la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres fue confiada a UC Global, una empresa española con sede social en Puerto Real y oficinas en Jerez de la Frontera, ambos municipios de la provincia de Cádiz.

Señala que la empresa, con Morales como gerente y «máxima autoridad», fue contratada por Ecuador como consecuencia de la «sensible situación» que se vivía con el asilo concedido a Assange, acusado de espionaje por las autoridades de Estados Unidos por difundir miles de documentos oficiales y secretos a través de su portal.

El juez detalla que los servicios prestados consistieron en «garantizar todo el perímetro de seguridad del inmueble, estableciendo personal físico que se desplazó a las dependencias para cumplir con turnos de vigilancia diaria y permanente», así como la vigilancia a través de las cámaras instaladas en la legación.

Según el auto, Morales dio en 2017 la orden para que se instalaran nuevas cámaras de seguridad que, a diferencia de las anteriores, registraban el audio de las conversaciones «confidenciales» que mantenía el activista con su defensa y sus familiares, así como con personalidades. Entre ellas se encontraban el abogado Baltasar Garzón, el exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias o los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), Cristina Fernández de Kirchner (Argentina), Dilma Rousseff (Brasil) y José Mujica (Uruguay).

Pedraz indica que, durante el proceso de instalación de las cámaras, Morales exigió a los técnicos que habilitaran un sistema de acceso externo ('streaming') para que se pudiera controlar en tiempo real todo lo que sucedía en el interior de la Embajada.

A su entender, Morales «pretendía abrir dos canales de 'streaming' para el acceso online, uno oficial para Ecuador y otro para 'los amigos de Estados Unidos'».

El juez instructor considera acreditado en la investigación que Morales «efectuó pagos periódicos y de cuantía elevada a funcionarios ecuatorianos», canalizados a través de intermediarios y estructuras opacas, con el fin de asegurarse la continuidad de la adjudicación de los servicios de seguridad en la legación diplomática.