Un informe sobre la tortura policial en el País Vasco divide a PNV y PSE, socios en el Gobierno

En su nota, el partido presidido por Idoia Mendía argumenta que el informe se inició en la pasada legislatura, cuando aún no formaba parte del Gobierno vasco. Se trata de un análisis que, a su parecer, adopta una metodología «meramente expositiva» sobre las denuncias recogidas «y llega a conclusiones que no se dirigen en la dirección necesaria para que se produzca una verdadera reparación de las víctimas ».

En concreto, el PSE afirma que es un error entender que medio siglo de terror de ETA «se resumen en 840 asesinados y 3.400 torturados», lo cual constituye «una simplificación que alimenta la teoría de un conflicto que nunca ha existido». A su vez, destaca que obvia la labor de «una inmensa mayoría de funcionarios policiales y judiciales en defensa del Estado de Derecho al asentarse la falsa idea de una tortura generalizada ».

«Los socialistas vascos no compartimos que se asuman como propuestas de actuación institucional opiniones de aquellos no tienen la responsabilidad de llevarlas a efecto –continúa el comunicado–. Tenemos que recordar que ha sido el rigor y la expresa separación de poderes, la que ha hecho posible que 187 víctimas de abusos policiales durante el franquismo hayan logrado el reconocimiento que esperaban. Igualmente, ese rigor y esa separación de poderes fueron asumidas para la elaboración de la Ley de 2016, que esperamos pueda desarrollarse en su integridad».

El informe, que ha sido presentado este lunes en San Sebastián, recoge 4.113 denuncias registradas entre 1960 y 2014 por 3.417 víctimas de malos tratos y torturas. Una cifra que, a juicio del profesor y doctor en Medicina Francisco Etxeberría , es «inferior a la real», pues «no han podido rescatarse muchas de las correspondientes a los años 60, 70 y 80».

El especialista ha destacado que este trabajo ha sido el más difícil de su carrera, pues trata sobre un asunto «delicado, sensible y complicado». En este sentido, ha informado de que el estudio ha consistido en «acercarse a los afectados, en nombre del Gobierno Vasco, mirarles a los ojos, preguntarles , y ponerlo en este texto de 500 páginas y muchos anexos».