Bolaños, sobre el acuerdo para despolitizar el CGPJ: «Claro que no es vinculante»

El pacto entre PSOE y PP pasa por que ambos presenten en el Congreso una iniciativa legislativa, como hicieron ayer mismo, para que el nuevo CGPJ elabore una propuesta de reforma legal que permita a los jueces elegir a 12 de los 20 vocales, concretamente los que pertenecen a la propia carrera judicial, en la próxima renovación.

Preguntado Bolaños si esa propuesta es vinculante para el Gobierno y si se compromete a impulsarla, respondió: «No, claro que no es vinculante». Repreguntado si es posible entonces que el Gobierno la ignore, despejó con un «demos tiempo al tiempo». De hecho, se mantuvo firme en su posición antes del acuerdo: «Yo defiendo y apuesto por nuestro modelo». Asegura que el plazo de medio año que se le da al nuevo CGPJ es para que «compruebe si hay posibilidades de mejorar nuestro modelo en la elección de los 12 vocales judiciales y haga una propuesta, que tiene que ser aprobada por una mayoría reforzada y remitida al Gobierno, al Congreso y al Senado, que son los que tienen la iniciativa legislativa».

Hoy, en TVE, el ministro ha insistido en esta idea recordando que el modelo actual, de designación exclusivamente parlamentaria, es fruto de «un gran pacto de Estado en 2001 entre el PP y el PSOE, pacto que se ratifica en 2013, pacto que se vuelve a ratificar ahora en 2024», por lo que «cualquier modificación tenga que ser por un amplio consenso. Esa es la clave y ese es el gran consenso que le pedimos al Consejo». «Dejemos que trabajen los vocales, que estudien los modelos europeos y si hay mejoras, hagámoslo».

No ha querido el ministro valorar qué habría pasado si finalmente no hubiera salido adelante el acuerdo, cuál habría sido el plan A. «Permítame que no hable de plan B; se queda en el plan A, es una gran noticia profesionales de jueces. Para la justicia es una gran noticia y un mensaje de normalidad institucional y para el país, un acuerdo entre las dos fuerzas que está diciendo que tenemos que abandonar el clima de crispación, tóxico, de odio y malsonante», ha apuntado. « Desde el martes los tres poderes del Estado funcionan con normalidad».

El pacto ha sido fruto de muchos borradores, llamadas, reuniones, incluso desde antes de que él fuera ministro, pero Bolaños ha reconocido que no fue hasta el fin de semana cuando «se aceleró el acercamieno entre las dos partes». La última palabra se incluyó el mismo martes por la mañana, ha dicho.

Al margen del acuerdo el ministro ha defendido al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al borde de su imputación en el Supremo por revelación de secretos. A su juicio, lo que se está haciendo con él «es una persecución», similar a otras que se han visto «como con los fiscales del caso Gürtel». Y todo, ha apuntalado, «por contar la verdad y perseguir el delito».

También fue preguntada este jueves por la propuesta que salga del CGPJ sobre el cambio de modelo de elección de los vocales la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. «Claro que es vinculante», contestó tras decir en un primer momento que no entendía la pregunta, y añadió que «cuando dos formaciones políticas firman un acuerdo ambas se comprometen a cumplir lo que está escrito».

Durante una comparecencia ante los medios en la sede del Instituto de Estudios Fiscales de Madrid, la también titular de Hacienda quiso dejar claro que se está intentando «trasladar algo que no viene en el acuerdo, en concreto lo que plantea es un plazo de seis meses para que el nuevo Consejo General del Poder Judicial presente una propuesta para la designación de los jueces. Esperamos esa propuesta para valorarla, eso es lo que se ha escrito y lo que es vinculante para ambas formaciones políticas», concluyó.