La mayoritaria Asociación de Fiscales reprocha a García Ortiz el «daño» a la institución y sus conductas «arbitrarias»

«El fiscal general del Estado debe tener un régimen jurídico propio, con nombramiento y cese sujetos a plazos diferentes a los propios del Gobierno de la Nación y que regule situaciones como su eventual imputación penal«, señalan en sus conclusiones. Y para ello es necesario un nuevo Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que, además, dote a la institución de una «independencia real y efectiva», pues sin él «es inviable asumir la investigación penal» como prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La AF ve «imprescindible» fijar un régimen de contrapesos al poder del fiscal general del Estado y en este sentido considera que el Consejo Fiscal, órgano elegido por quienes integran la carrera, «debe tener unas competencias propias reforzadas», pues pese a que la mayoría de sus vocales electivos son de la AF (seis de los nueve), su criterio no se está teniendo en cuenta.

De igual forma, la comunicación entre Gobierno y fiscal general del Estado tiene que realizarse «de manera transparente», apuntan, al igual que recuerdan que «la situación anómala» que supone la investigación a García Ortiz «obliga a todos los fiscales a abstenerse, máxime a aquellos que integran y se han posicionado en la Junta de Fiscales de Sala», como es el caso de su número dos, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. «Los últimos acontecimientos precisan que el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal regule de manera concreta la necesaria abstención del fiscal general del Estado en los asuntos que le afecten».

Otro apartado de las conclusiones de la asociación se refiere al Estado de derecho, en el marco del que proclaman que «la amnistía aprobada por la Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, choca frontalmente con la Constitución en sus principios fundamentales. «Conceder como precio político una amnistía es contrario a los estándares de la democracia y del Estado de derecho. La amnistía de delitos de corrupción, terrorismo, traición, torturas o tratos inhumanos o degradantes es contraria a los principios y la normativa de la Unión Europea. Las instituciones internacionales deben tomar nota de la excepcional situación en la que se encuentra España en la actualidad», dicen.

La AF niega «categóricamente» la afirmación de «guerra judicial» ('lawfare') en el marco del Ministerio Público y los tribunales españoles. «Como profesionales independientes, quienes en España integramos la carrera fiscal nos debemos vocacionalmente al cumplimiento de la ley y repudiamos que estas afirmaciones procedan de representantes de nuestra institución», apuntan.