Marlaska desaparece dos días tras el triunfo de Puigdemont con las competencias de inmigración

No es extraño que en ocasiones un ministro excuse su asistencia a una reunión en Bruselas. La presión de las agendas domésticas puede impedir por una u otra razón el viaje a la capital comunitaria. Por ello en los consejos de ministros se permite que el titular sea sustituido por un alto funcionario, normalmente un secretario de Estado. Sin embargo, en el caso del último Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, que se celebró este miércoles, se produjo una cascada de excusas por parte de España.

Primero se anunció que el ministro no iba a asistir al consejo alegando razones de salud, una «infección bacteriana no grave», y se comunicó que en su lugar iba a estar el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Por alguna razón que en su caso no se explicó, este también excusó poco después su asistencia. Si la ausencia del ministro era para evitar tener que comparecer ante la prensa, podría parecer que un secretario de Estado también es una figura lo bastante relevante para que tuviera que contestar sobre la actualidad nacional y las concesiones al independentismo que hasta ahora eran perfectamente inconstitucionales para Marlaska y ahora el Gobierno en pleno defiende que son necesarias y legales.

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Al final, se anunció que al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior iba a ir la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería, Elena Garzón, junto con el embajador Marcos Alonso, para cubrir su falta de experiencia en estos trámites. Y en ese caso, aprovechando que se trata de una funcionaria de un rango más técnico que político, la Embajada de España anunció también que no iba a haber comparecencia. La situación fue tan rocambolesca que, en broma, algunos periodistas se ofrecieron a representar a España en caso de que la directora general también tuviera que ausentarse a última hora.

Desde el Ejecutivo niegan que Marlaska estuviese escondido y aseguran que lleva unos días enfermo, trabajando como puede, sin agenda, en la sede del Ministerio del Interior, en Madrid. En su ausencia, la oposición no ha dudado en rescatar frases de su hemeroteca en las que rechazaba de forma tajante la cesión o delegación del control fronterizo y de los flujos migratorios a la Generalitat de Cataluña. En septiembre del año pasado, hace solo unos meses, dijo contundente en una sesión de control en el Congreso: «Tanto el control de fronteras como el control de los flujos de migración irregular son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados».

Fuentes del Gobierno desvinculan la repentina desaparición pública del ministro de sus declaraciones pasadas y, de hecho, creen que el pacto entre el PSOE y Junts no contradice en absoluto las palabras del titular de la cartera del Interior. Estas fuentes limitan mucho la capacidad de actuación real que tendrán los Mossos d'Esquadra en las fronteras de España y subrayan que la proposición de ley –que ni siquiera tiene garantizada su aprobación en las Cortes– tan solo recoge su presencia, pero no el papel que tendrán.

Según trasladan, la Policía Nacional y la Guardia Civil seguirán llevando el peso del control fronterizo y de los flujos migratorios, las dos líneas rojas que marcó Marlaska, pero admiten que si la norma sale adelante, habrá que buscarle ahí un encaje a los Mossos d'Esquadra, que, como mínimo, desempeñarán un papel que hasta ahora era exclusivo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Fuentes de Junts reconocen, como publicó este martes ABC, que las expulsiones de inmigrantes en situación irregular deberá ejecutarlas el Estado, aunque conceden un rol de gran relevancia a la Generalitat de Cataluña, de la que, dicen, deberán partir las propuestas. Desde el Gobierno, las fuentes consultadas por este diario matizan esto último y garantizan que los Mossos solo tendrán capacidad de decisión en las devoluciones que no requieran expedientes, como los de casos previamente juzgados en los que un delincuente haya aceptado la expulsión del país para evitar la cárcel. En el resto, con o sin recomendación de la comunidad autónoma, será el Estado, que es el que tiene convenios con terceros países, quien tenga la última palabra.

Al cierre de esta edición la intención era que Marlaska reaparezca este jueves, junto a Sus Majestades los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia, en el XXIII Concierto Homenaje de la Fundación Víctimas del Terrorismo, en el Auditorio Nacional de Música, en Madrid. En cualquier caso, tampoco está previsto que dé declaraciones antes ni después porque nunca lo hace en los actos a los que acude junto a la Jefatura del Estado. Tras otra polémica en el Gobierno, el choque entre PSOE y Sumar por la tributación del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) en el salario mínimo interprofesional, la vicepresidenta María Jesús Montero faltó también por una fiebre a una sesión de control. Esta semana, por suerte para el ministro, no hay.