Vox ha explicado que «tras las modificaciones legales que llevó a cabo el Ejecutivo regional con las que se hizo con el control total del Consejo de Transparencia y de la Cámara de Cuentas, esta comisión es último bastión donde los grupos parlamentarios pueden fiscalizar las actuaciones económicas del Gobierno regional».
Ana Cuartero ha denunciado que el presidente de la Asamblea, Enrique Ossorio, en connivencia con el Gobierno de Díaz Ayuso «impide que la Comisión ejerza su labor de control inadmitiendo sistemáticamente las iniciativas que los grupos registran«.
Desde este partido explican que el órgano encargado de establecer las competencias de la comisión es la Mesa de la Asamblea, formada por una mayoría de representantes del Partido Popular, «y consideran que esta comisión solo debe tener el poder de fiscalizar los contratos desde su publicación hasta su adjudicación».
Sin embargo, la oposición considera que es «esencial para la transparencia» poder investigar también la ejecución de dichos contratos para asegurarse de que el dinero se utiliza correctamente. «Pero esto no está siendo posible debido al veto del Partido Popular en la Mesa».
La portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha enviado un escrito a la Mesa de la Comisión en el que renuncia a que su grupo ocupe la vacante que deja Ana Cuartero, diputada que seguirá formando parte de ese órgano parlamentario, pero como vocal.
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