Los primeros menores podrán llegar al centro de menas de Fuenlabrada este verano

Se pretende que el centro sea de primera acogida, aunque esto dependerá de la cuantía de quienes lleguen, una cifra que depende del Gobierno central, que es quien los está distribuyendo por las comunidades autónomas. Sí se sabe ya que tendrá una capacidad aproximada de 100 plazas en una primera fase, y estará operativo en el segundo semestre de este año, una vez concluya la reforma.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, y la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, giraron ayer una visita a las obras en el futuro centro, que va a tener 4.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas.

Noticia Relacionada

Un alcalde madrileño del PSOE tacha un centro de menas de «contenedor de menores»

Mariano Calleja

Ayala califica de «aberración» que la Comunidad de Madrid quiera adaptar una instalación para los menores inmigrantes en su municipio

El edificio, que contará con una inversión de casi 7 millones de euros, dispondrá de distintas zonas comunes, como las de formación, consigna, comedor o enfermería; dormitorios; zonas de baño, y espacios para los educadores donde puedan desarrollar los programas de integración.

Estas obras se reinician después de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 24 de Madrid haya suspendido forma cautelar el decreto municipal por el que se paralizaban los trabajos de adecuación que ya había comenzado la Comunidad de Madrid, explican desde el Gobierno regional.

El Ejecutivo autonómico ya llevaba tiempo alertando de la llegada «descontrolada» de inmigrantes a la región, «debido a la crisis migratoria que vive España por la mala gestión del Gobierno central, lo que está provocando que los recursos regionales de acogimiento residencial destinados a la protección a los menores tutelados se vean tensionados».

Por eso, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha pedido al alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, que se sume a la Comunidad de Madrid a la hora de exigir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ponga «orden al caos migratorio que ha generado su Gobierno».

«Es precisamente el Gobierno central el que está situando a los menores no acompañados en las distintas regiones sin coordinación alguna con las comunidades autónomas. Por eso, pido al alcalde que deje trabajar a la Administración, porque estas obras van a seguir adelante para atender a los menores con todas las garantías en unas instalaciones adaptadas a sus necesidades», ha defendido.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha señalado que espera que el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, «deje de situarse en una posición de rebeldía y que pare de boicotear estas instalaciones para estos menores, porque siguen llegando y nuestros recursos siguen tensionados» En este sentido, ha recordado que la Comunidad de Madrid tiene «la obligación legal y moral de atenderles».

Por su parte, el alcalde fuenlabreño consideró la visita de los dos consejeros a las obras del centro como «una provocación a la ciudad» y «un episodio más» en la actitud de prepotencia de la Comunidad de Madrid en este caso.

«ue el Gobierno regional está obsesionado con que ese macrocentro esté en Fuenlabrada está ya más que probado. No tienen ningún interés por la atención de los menores, su objetivo es que esté en Fuenlabrada», ha indicado el alcalde.

Ayala ha recordado que sigue abierto un expediente de reversión del espacio que espera pueda culminar en los próximos días y ha reiterado que el Ayuntamiento defenderá en los tribunales los derechos de los vecinos y las vecinas de Fuenlabrada. «Fuenlabrada cedió ese espacio con un fin y ese fin pretende no cumplirse», ha precisado.

El regidor se mostró dispuesto a «sentarse en el marco de la Federación Madrileña de Municipios para abordar el reparto justo de los menores no acompañados. Nosotros siempre vamos a ser solidarios en eso, como seguro que lo serían Las Rozas, Pozuelo o Majadahonda. Lo que no vamos a hacer, es aceptar imposiciones», ha asaegurado. Cree además que el centro incumple las recomendaciones del Consejo de Europa y la propia ley regional de servicios sociales.