Madrid recupera 251 viviendas que ejercían como piso turístico ilegal

El Colegio de Administradores de Fincas de Madrid será la entidad encargada de difundir la información en las distintas comunidades de propietarios para que conozcan la normativa y sepan las sanciones por su incumplimiento y los pasos a dar para proceder a la legalización de un piso turístico.

El consistorio ha elaborado tres tipos de carta, que los administradores de fincas colegiados deberán dar a conocer en su comunidad. El modelo 1 es una carta general, donde se detalla la normativa y los requisitos exigidos legalmente para la correcta implantación y desarrollo de viviendas de uso turístico; el 2 es para los propietarios de pisos con Declaración Responsable presentada ante la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid, pero de los que no consta que tengan licencia municipal; y el modelo 3 se destina a propietarios de pisos en los que se desarrolla una actividad de vivienda turística sin constar la Declaración Responsable en la Dirección General de Turismo y Hostelería de la Comunidad de Madrid ni el preceptivo título habilitante municipal.

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En los dos últimos casos, se advierte de que se ordenará el cese inmediato y que estas actividades están sujetas a la apertura de procedimientos sancionadores con una primera multa de 30.000 euros, una segunda de 60.000 euros y una tercera por importe de 100.000 euros.

Durante la firma de este plan entre el Ayuntamiento y los administradores de fincas colegiados, presentado en el Palacio de Cibeles por Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, se ofrecieron datos de las intervenciones de la Agencia de Actividades durante 2024: impuso 92 sanciones a pisos turísticos sin la preceptiva licencia y, además, se restableció la legalidad en 251 viviendas turísticas ilegales, lo que supone un gran incremento con respecto a 2023, cuando esta cifra fue de 138.

Por otro lado, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agencia 2030, Pablo Bustinduy, del sector Sumar del Gobierno de Pedro Sánchez, ha enviado una carta al alcalde José Luis Martínez-Almeida, en la que remite desde el Ministerio «nueva información» sobre el número de viviendas de uso turístico ilegales que operan en la capital; «nueva información que consideramos que les puede ser de máxima utilidad si pretenden hacer frente a esta situación», escribe el ministro, quien, además, pone una cifra: 15.204 viviendas.

José Luis Martínez-Almeida, desde Carabanchel, ha respondido a Pablo Bustinduy afeándole su «deslealtad institucional» por haberse enterado de la misiva a través de un mensaje en redes sociales de Rita Maestre. «Que yo haya me haya encontrado esta información en un tuit de Rita Maestre antes de que hayamos recibido en el Ayuntamiento (esa información) ya nos da una idea de qué es lo que pretende el ministro filtrándolo a los medios de comunicación, ya nos da una idea de cuál es la voluntad de colaboración y afán de cooperación del Gobierno de España».

También, ha puesto en duda «el rigor y la seriedad del ministro Bustinduy» dado que en el anterior envío de datos que realizó, de unas 16.000 viviendas, «sólo había identificadas 1.400» y el resto fueron sacadas de webs. Además, de esas 1.400 viviendas «200 estaban duplicadas», a lo que añadió que el ayuntamiento ya había inspeccionado el 40%. «¿Qué va a hacer ahora el ministro? Ahora nos envía otra remesa de 3.000, pero ¿cuántas están con dirección?», se ha preguntado Almeida. «¿Nos habrá enviado la dirección de las viviendas de uso turístico que utilizaban sus compañeros de Gobierno para sus juergas, orgías o para sus corruptelas?».