La ley de Hacienda de Ayuso supera el primer trámite en la Asamblea tras tumbarse las enmiendas de la izquierda y de Vox

La consejera de Economía y Hacienda, Rocío Albert, ha defendido desde la tribuna esta ley, que, según ha explicado, persigue mejorar la seguridad jurídica, simplificar la administración pública regional, reforzar la transparencia y la rendición de cuenta, garantizar la estabilidad, adaptar la normativa autonómica a las estatales y comunitarias, y todo con una vocación de «permanencia y estabilidad».

El objetivo de la ley es «ordenar de forma más eficiente la gestión económica, financiera, presupuestaria y contable del sector público». Estas buenas palabras de la consejera y de la Comunidad han chocado de plano con toda la oposición parlamentaria, desde Más Madrid a Vox, incluido el PSOE, que han pedido la retirada de la ley.

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Desde Vox, Ana Cuartero ha lamentado que esta ley de Hacienda «no beneficia a nadie, no lleva consigo ningún beneficio para los madrileños». Ha criticado de forma especial la extinción en el plazo de un año de las Empresas Públicas con forma de entidad de derecho público «Hospital Universitario de Fuenlabrada» y «Unidad Central de Radiodiagnóstico». La consejera ha precisado en este punto que los trabajadores pueden estar tranquilos porque tendrán las mismas condiciones a partir de ahora.

Cuartero también se ha opuesto a modificar la naturaleza jurídica de la empresa pública con forma de entidad de derecho público Canal de Isabel II, que se transformará en un ente de derecho público sometido al derecho privado. Otro punto polémico ha sido el de la Cámara de Cuentas, al considerar que queda bajo control exclusivo del Gobierno regional. «El que legisla como Sánchez, acaba como Sánchez, hágaselo mirar», ha advertido.

Por el PSOE, Daniel Rubio ha advertido de que lo que ha llevado el Consejo de Gobierno a la Asamblea «lleva la marca PP». «Ataca la independencia de la Cámara de Cuentas»; ha criticado. «Refuerza el control del Gobierno sobre la sociedad y los grupos políticos». «Es una ley ómnibus encubierta», ha denunciado. «Traen un modelo de gestión donde las subvenciones se controlan desde dentro y los órganos independientes pierden su voz», ha señalado. A su juicio, cree que con esta ley la Asamblea de Madrid queda reducida a la nada. «Ustedes se blindan ante el poder legislativo».

La portavoz de Más Madrid, Marta Lozano, por su parte, critica que se ahoga a las universidades públicas y se quita poder a la Cámara de Cuentas. «Es una ley para someter la universidad pública», ha insistido. En la ley se establece que las universidades públicas están obligadas a rendir sus cuentas ante la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, por conducto de la Intervención General de la Comunidad de Madrid. Además, las universidades públicas estarán sometidas al régimen de auditoría pública establecido por la normativa autonómica dictada sobre esta materia. «Es una ley de concentración de poder. Es el certificado de defunción de la transparencia», ha sentenciado como resumen de su enmienda. «Esta ley no fortalece lo público, sino que lo pone a su servicio».

Por el PP, Carlos González Maestre, ha comentado que la ley tiene un carácter técnico y es «esencial para ordenar la gestión económico financiera de la Comunidad de Madrid, y moderniza el sector público madrileño después de 35 años». «Es una ley permite mayor eficacia, agilidad y más transparencia en la gestión del sector público».

En relación con las críticas de los grupos de la oposición, la consejera comentado que la oposición no se ha leído la ley y ha respondido así: «No asaltamos ninguna institución ni eliminamos controles, sino justamente lo contrario. Garantizamos la autonomía de las universidades y de la Cámara de Cuentas, y reforzamos las garantías jurídicas y el control de la totalidad de los organismos públicos de la Comunidad de Madrid». «La Asamblea mantiene intactas todas sus competencias de control político», ha subrayado.

La consejera ha subrayado que esta norma es «una apuesta decidida por la modernización, la transparencia y la eficiencia en la gestión de los recursos públicos», y ha reiterado que la reforma «facilita la adaptación a los retos de la digitalización, la sostenibilidad financiera y la exigencia de una gestión pública responsable y orientada a resultados».