Prostitutas con microchip en la A-5

La operación «Zen» (como el nombre del lupanar) arrancó a partir de las denuncias de tres meretrices. Aseguraban que eran sometidas a amenazas, coacciones y palizas por parte de los dueños del local. Una de ellas, por ejemplo, describió los golpes que recibió cuando reclamó los 500 euros que se habían quedado.

Los cabecillas de la trama eran el propietario, el español P. L: M. H., de 42 años (y con antecedentes por robo y amenazas a vecinos que se quejaban del ruido de otro bar que posee), y su pareja, la dominicana D. M. S. R., de 25. La Guardia Civil también ha imputado al hijo del primero y a la «madame» del burdel , conocida como «Mami». El control por tarjetas consistía en que debían insertarlas a la entrada de las habitaciones cada vez que las prostitutas tenían un servicio. Así, se iba acumulando el dinero que percibían las mujeres, que nunca manejaban efectivo, y les retenían, además, el dinero de las copas que consumían con los clientes.

También les servía para imponer multas a las meretrices si llegaban más tarde de las cinco y media de la tarde, que es cuando comenzaban a trabajar. Asimismo, a las cinco de la madrugada, los imputados cerraban el local al público y cortaban el suministro eléctrico, de manera que las mujeres quedaban encerradas en los cuartos, tras puertas blindadas.

El 2 de marzo, los agentes entraron en el prostíbulo, junto a la A-5 (carretera de Extremadura), a su paso por Navalcarnero. Lo registraron y tuvieron buena constancia de cómo se trabajaba allí. Las condiciones de la cocina, por ejemplo, eran tan deplorables, que Sanidad la ha clausurado.

También se encontraron irregularidades en la máquina expendedora de tabaco y se traficaba con drogas. A las mujeres y al resto de empleados (porteros, cocinero, camareros y limpiadoras) se les pasó un formulario con preguntas enfrentadas, para esclarecer la participación de cada uno de los sospechosos en los hechos.