Los ediles se bajan del coche oficial

En realidad, la medida de austeridad propuesta por UPyD es más efectista que efectiva, a la hora de ahorrar. No obstante, desde esta formación consideran una victoria que su iniciativa haya obligado a mover ficha al Gobierno de Ruiz-Gallardón: «UPyD 5-Gallardón 0», resumían ayer, triunfantes, sus portavoces.

De acuerdo con la propuesta popular, los ediles con cargo ejecutivo —que dirigen áreas de gobierno o juntas de distrito— y los portavoces mantendrían sus coches oficiales, y para la «tropa» en la oposición habría varios vehículos de incidencias.

En Madrid, todos los concejales —de Gobierno y oposición— tienen vehículo oficial desde 2000. Tras el asesinato del concejal Alberto Jiménez-Becerril y su esposa en Sevilla, en 1998, y ante la amenaza terrorista que pesaba sobre otros ediles —de la que advirtió el Ministerio del Interior—, el alcalde Álvarez del Manzano decidió destinar a los cargos electos escoltas de la Policía Municipal y coches oficiales para todos.

A día de hoy, cuentan con ello los 57 ediles de Madrid, más el secretario del pleno. Para conducirlos, hay 107 chóferes —dos por vehículo, salvo los diez de las áreas de Gobierno, que tienen un único conductor—. Los vehículos fueron cambiados en mayo del año pasado por coches híbridos —modelos Toyota Prius y Honda Civic—, y su coste anual es de 354.000 euros. Los conductores, por su parte, tienen unas retribuciones de 4,5 millones de euros anuales, según el presupuesto municipal.

La propuesta del PP, que se estudiará el viernes en una comisión técnica en la que participan los cuatro grupos políticos municipales, supondría dejar sin coche oficial a 14 concejales del PSOE, 5 de IU y 4 de UPyD. El ahorro apenas supera los 130.000 euros al año, ya que los conductores seguirán en el Ayuntamiento.

La iniciativa de manifestar públicamente los nuevos aires de austeridad partió de UPyD, que el martes ya anunció su intención de renunciar a los vehículos oficiales que le correspondían. Pero en realidad, aunque han sido los más oportunos, no fueron los primeros: el PSOE ya incluyó la medida en su programa electoral, y el alcalde Ruiz-Gallardón planteó recortes en mayo del año pasado, cuando retiró estos vehículos a 33 directores generales, y cambió la flota de los usados por concejales —y por él mismo— por otros menos contaminantes y más económicos. Prometió entonces que cuando las condiciones de seguridad lo permitieran, los retiraría, una medida en la que obtuvo el respaldo de PSOE e IU.

El vicealcalde Manuel Cobo dejaba entrever ayer su malestar por la polémica en torno a esta medida, recordando que su gobierno municipal «empezó meses atrás con recortes de más de mil millones de euros, una cifra muy seria». Y se dolió de que las «cuestiones menores venden mucho». Un planteamiento en el que también abundó el consejero de Presidencia, Justicia e Interior en funciones de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, quien afirmó, sobre esta misma cuestión: «A veces la demagogia es peligrosa».

Desde el PSOE, Ruth Porta aclaró que su partido defenderá la reducción de coches oficiales. Nadie mejor que ella para definirse sobre el tema: fue concejal de Madrid entre 1995 y 2003, y durante seis años de ese periodo los ediles de la oposición no tenían vehículo oficial: «Si las circunstancias se dan, no vamos a tener ningún problema. Arrimaremos el hombro para salir de la crisis financiera en la que se encuentra el Ayuntamiento».

Porta espera que ésta sea sólo una medida de un gran plan de austeridad: «Hemos advertido que el Ayuntamiento tiene problemas financieros muy serios». Y criticó las «formas» en que se propone esta medida, sin esperar a la reunión técnica del viernes: «Si esto va de escaparate, o es un festival... nosotros somos serios. El país no está para bromas: lo que nos piden los ciudadanos es seriedad».

Quien más crítico se ha mostrado es Ángel Pérez, de IU: «No tengo ningún complejo por tener coche oficial ni escolta; no me voy a dejar empujar por debates de moda de quien descubre doce o trece años más tarde que en Madrid hay coches oficiales».

Recordó los motivos de seguridad que hay detrás de este uso, y recordó que los vehículos son necesarios para realizar su tarea en «una ciudad de 3,2 millones de habitantes y 128 barrios, ciudad en la que debes moverte si ejerces de concejal». Si el Ministerio del Interior «dice que ya no hay motivo, pues todos estaremos de acuerdo» con los recortes, pero se quejó de quien pretende sólo «hacer titulares».

David Ortega, concejal de UPyD, insiste en que renunciará a su vehículo oficial al margen de que salga adelante o no la propuesta del grupo popular. En esta formación, consideran un triunfo que su iniciativa haya sido respondida por Ruiz-Gallardón: están «muy contentos de que nuestras políticas sirvan para que se tomen decisiones, incluso antes de tomar posesión» de las actas de concejales.

Mañana, los cuatro portavoces están convocados a una nueva reunión técnica en la que tienen que decidir sobre los medios materiales y humanos para ejercer su labor: el número de asesores y la ubicación física de sus despachos, entre ellos. Existe un edificio para los grupos, en el que el PP ocupa la planta primera, IU la segunda, y PSOE la tercera, cuarta y ático. Habrá que hacerle sitio a UPyD.