Manteros subsaharianos venden sus productos en El Retiro
Manteros subsaharianos venden sus productos en El Retiro - GUILLERMO NAVARRO

Seguridad: enmienda (casi) total a Carmena

Almeida quiere deshacer el legado más negativo de la exjuez para que Madrid no sufra la degradación de Barcelona

MADRID Actualizado: Guardar
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Una de las primeras tareas que ha puesto en marcha el Gobierno municipal de José Luis Martínez-Almeida (PP) ha sido la enmienda a prácticamente la totalidad de la política de seguridad llevada a cabo por la anterior corporación, de Manuela Carmena (Ahora Madrid). El objetivo es evitar que Madrid llegue a convertirse, en ese sentido, en otra Barcelona, donde manteros, delincuentes comunes y okupas campan a sus anchas, afectando a la ciudadanía y a los turistas. Y donde las protestas vecinales son el pan de cada día. Estas son las líneas maestras que la edil del ramo, la popular Inmaculada Sanz, ha puesto o va a poner en marcha al respecto.

Plan integral en el centro: refuerzo policial

Lo primero que ha hecho Sanz es sacar más policías a la calle. Sobre todo, en el distrito de Centro. Un total de 98 agentes recién salidos del Cifse (el centro de formación) han sido destinados a esta zona. Por un lado, tienen el deber de practicar una política de tolerancia cero hacia el top-manta, una práctica que trae de cabeza a los comerciantes, sobre todo, en el entorno de la Puerta del Sol, Plaza Mayor, la Gran Vía, El Retiro y Atocha. Hay alrededor de 300, según los datos de las unidades integrales de Centro Norte y Sur. El anterior concejal, Javier Barbero, orquestó una directriz a los agentes por la que se prohibía actuar contra los vendedores ambulantes ilegales si estaban en grupo o en zonas muy transitadas, con la excusa de que se podrían producir situaciones de alteraciones del orden público. Eso, en la práctica, es no hacer nada. Y ha quedado reflejado en la caída en picado de hasta el 60% en algunos meses de las sanciones y actuaciones contra el «top-manta».

Javier Barbero también eliminó el GAZ, el grupo especializado a controlar los mercadillos de los distritos de Arganzuela, Latina, Carabanchel, Usera y Villaverde, dando vía libre a los comerciantes ilegales.

Además, el refuerzo policial también tendrá especial presencia en Lavapiés, considerado por todos los expertos consultados por este periódico el barrio más problemático del centro. Ya hay allí más uniformados, pero los adscritos al distrito tendrán el apoyo de las Unidades de Apoyo a la Seguridad (UAS), el sucedáneo de «antidisturbios» que dejó Carmena. Aun así, existe todavía un déficit de unos 800 efectivos en todo el Cuerpo municipal. Además, a partir de septiembre, el refuerzo será aún mayor.

Recuperación de las UCS: regresan los antidisturbios

Ya lo anunció Barbero incluso antes de tomar posesión en 2015: eliminaría las Unidades Centrales de Seguridad (UCS) y prohibiría a los municipales participar en desahucios, y así lo hizo. Dejó esos efectivos en la mitad (eliminó uno de los dos grupos, dejando alrededor de un centenar: eran casi 300 y se quedaron en apenas 125) y los convirtió en las UAS. Decía que eran «represores». El escándalo que se montó fue enorme, hasta el punto de que decenas de agentes le montaron un escrache a la salida de una comisión en la plaza de la Villa. Barbero los tachó de «fascistas» y amenazó con denunciarles. Las aguas jamás volvieron a su cauce y la relación entre el concejal y el Cuerpo fue siempre nefasta.

Ahora, Sanz ha prometido volver a los «antidisturbios» y que sean más que los que dejó el exedil. Con quien la cosa, además, se agravó con un convenio sacado de la chistera con sus sindicatos afines (CC.OO., UGT y UPM), que no eran los mayoritarios y que, pese a ser rechazado por el 85% de la plantilla, fue firmado en un acto con Carmena exhibiendo aquello como si fuera un éxito. Al texto y a la central UPM se les conoce en medios policiales como «los churreros», por la pérdida de derechos que ha supuesto.

Nuevo Plan Director: adiós al Comité de Ética

El pasado 12 de febrero, Carmena ponía en marcha el llamado comité de ética de la Policía Municipal, destinado, según aquella Corporación, a fiscalizar el trabajo de los agentes y poner en marcha un sistema de control en función de las quejas o denuncias de los ciudadanos por la labor de los policías, a imagen y semejanza de otras grandes capitales.

El sindicato CPPM, mayoritario, denunció entonces: «Nos sorprende enormemente que, a pocos meses de finalizar la legislatura, pongan en marcha una idea que plantearon en 2016 y que parecía desechada. Al Ayuntamiento no le parece suficiente que todos los Policías estemos sometidos en nuestra actuación a la ley y al derecho, y por si fuera poco a un estricto régimen disciplinario. Ahora, además, pretenden mediante este nuevo invento compuesto por personas designadas a dedo, darnos clases de su ética y moral, para que guíen nuestra actuación en la calle».

Hace dos semanas, la edil Inmaculada Sanz firmó el decreto por el que se suprime definitivamente el Comité de Ética de la Policía Municipal, al entender que las funciones asignadas a ese órgano están «ya cubiertas en el ámbito del Cuerpo, como queda reflejado en el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Internos».

También se han suspendido los boletines, puestos en la UID de Ciudad Lineal como experiencia piloto, que debían rellenar los agentes en las identificaciones a personas; en ellos debían especificar la raza y origen de los filiados.

Okupas: se acabó la barra libre

Ya hay una fecha aproximada para que los okupas de La Ingobernable abandonen el edificio municipal del paseo del Prado: primeros de septiembre. Aunque el Consistorio está intentando agilizar la expulsión para llevarla a cabo este mes de agosto, es probable, por el trámite burocrático necesario, que se alargue y sea más tarde. El Gobierno de Carmena, pese a ser propietario del inmenso inmueble y a que los mandos policiales se ofrecieron a presentarse ante el juez esa misma noche para atajar el asalto, se negó a denunciar la usurpación, que se dilata ya más de dos años. Lo mismo ha ocurrido con los radicales de La Dragona, que llevan once años en el cementerio de La Almudena y que representan parte el movimiento anarcoinsurreccionalista de Madrid, la rama más violenta de los grupos antisistema. Para su lanzamiento no hay fecha, pero serán los siguientes tras La Ingobernable.

Más investigación: impulso de la Policía Judicial

Otra de las «herencias» de Barbero fue dejar en mínimos la labor de Policía Judicial en el Cuerpo municipal, unas atribuciones limitadas por la ley pero que permite, por ejemplo, actuar en casos de tráfico de drogas, violencia de género, investigación de muertes en accidentes laborales y en dactiloscopia y falsedad documental, entre otros asuntos.

También se eliminó el Secai, una especie de grupo de Información a pequeña escala. La idea de Almeida es recuperar lo perdido en la medida de la realidad delictiva de una capital como Madrid, con aproximadamente 3,3 millones de personas empadronadas y alrededor 5 millones de población flotante.

Dignidad laboral: mejora de las instalaciones

Un frente importante (y que deberá contar con un respaldo presupuestario) es el de las mejoras de las sedes policiales. Aquí el trabajo es arduo: ratas, falta de ventilación, barracones, baños tercermundistas, equipamientos deportivos insuficientes y hacinamiento son solo algunos de los problemas que se viven en muchas de las 22 unidades integrales de distrito.

Por no mencionar la situación en la que están los agentes de las UAS, que acaban de ser trasladados a la Casa de Campo en contra de los deseos de los agentes. El Ayuntamiento tiene previsto un plan de mejoras de instalaciones que los sindicatos esperan que sea una realidad.