Un «no» rotundo a la burla atea

El segundo, y no por ello menos importante, fue la advertencia a la Delegación del Gobierno de que, de autorizar dicho acto en la fecha e itinerario solicitados, «podría haber problemas de orden público por la concentración multitudinaria de miles de personas que acuden a las procesiones, la coincidencia con otros actos y las características del lugar solicitado». Por esos motivos, el Ayuntamiento de Madrid ha emitido un informe contrario a la celebración de dicho acto en Lavapiés, coincidiendo con las procesiones del Jueves Santo.

El objetivo de los promotores de la iniciativa —La Fervorosa, Ilustre y Antigua Hermandad y Cofradía de Ateos de la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, la Playa de Lavapiés, Volia, Cruento Cuento y Albatros, entre otros—, es poner de relieve «la hipocresía social y moral que representa la Semana Santa católica».

La pelota, por tanto, sigue estando, en el tejado de la Delegación del Gobierno pese a sus intentos de lavarse las manos. En este sentido, cabe recordar que su flamante delegada, María Dolores Carrión, mantuvo, justo el mismo día de su toma de posesión —el 7 de abril—, que la «procesión atea es una manifestación festiva; por ello, la Delegación se ha inhibido a favor del Ayuntamiento al no tener competencias para autorizar acontecimientos de ese tipo». El Consistorio, por el contrario, no tiene la menor duda de que se trata de una manifestación, y que, como tal, le corresponde a la Delegación del Gobierno decidir. «Nuestro “no” es rotundo en las dos posibilidades previstas. Si se trata de una manifestación, advertimos de los problemas de orden público que puede acarrear si se lleva a cabo, y si se considera una “fiesta lúdica” no estamos dispuestos a tolerar ninguna burla, mofa o escarnio hacia las creencias de los madrileños», preciso Cobo.

En un comunicado emitido en la tarde de ayer, el Ayuntamiento explicaba que la Delegación del Gobierno había comunicado a los convocantes y al Consistorio que «no se considera competente para autorizar o denegar la celebración». Ante ello, «nos hemos visto en la obligación de recordarle que la convocatoria se excluye del ámbito de la Ley Orgánica 5/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa».

«Estamos ante el ejercicio del derecho de reunión o manifestación recogido en el artículo 21 de la Constitución, y desarrollado en la Ley Orgánica 9/1983 de 15 de julio», por lo que su autorización no es competencia del Ayuntamiento, sino de la Delegación. Así, el Consistorio sólo puede emitir un informe, basado en causas objetivas y motivado, en este caso, «desfavorable» a la procesión.

Además, la nota recuerda que Madrid «es una ciudad abierta, tolerante e integradora». «Esta convocatoria queda fuera, por tanto, del espíritu de tolerancia que caracteriza Madrid, y si la Delegación del Gobierno rehuyera su responsabilidad, nosotros tendríamos que considerarla desde la valoración de su nula contribución al clima de respeto y concordia que los ciudadanos merecen y que se esfuerzan en cultivar, lo cual nos llevaría a denegar el uso del espacio público con estos fines espurios».

A falta de ver cuál será la decisión que adopte al respecto la nueva delegada, María Dolores Carrión, cabe subrayar que el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno Central, Alfredo Pérez Rubalcaba, salió a la palestra el pasado día 8 para rectificar a Carrión y dejarle claro que la decisión de permitir o no la controvertida procesión le correspondía a ella, y que «se aplicaría la ley en esta manifestación como se hace siempre». El ministro de Presidencia, Ramón Jaúregui, también se pronunció después y dijo que «el Gobierno valorará si en el desfile había ánimo de ofender».

«Somos un frente ideológico que estamos, exclusivamente, para castigar la conciencia católica. Nuestro propósito es hacer daño a las ideas de la gente. No nos andamos con contemplaciones», indicó un portavoz de Ateos en Lucha, que subrayó que su objetivo era construir un estado laico.