Prisión para cinco funcionarios que introducían droga en la cárcel de Navalcarnero
La Guardia Civil llevaba dos años investigando a los empleados públicos, que metían la droga, presuntamente, para un grupo de presos dominicanos
La investigación de la operación Orión llevaba en curso dos años. Y, pese a que las visitas de familiares estaban primero prohibidas y luego restringidas a causa de la pandemia, la droga seguía causando estragos en la cárcel de Navalcarnero, donde se habían producido ocho muertes por sobredodis entre presos.
Si no había familiares entrando en prisión, ¿quién lo estaba haciendo? A la luz de las investigaciones realizadas, se trataba de un grupo de cinco funcionarios (uno de ellos está ya jubilado) que trabajaban en distintos turnos y que fueron arrestados el miércoles. La Fiscalía del Área de Móstoles, tras su puesta a disposición judicial, pidió ayer su ingreso en la cárcel (esta vez, como reos) por los delitos de cohecho y contra la salud pública, agravado por ser empleados públicos. El magistrado del juzgado número 1 de Navalcarnero les imputa, además, prevaricación y organización criminal.
El juez los mandó a prisión, concretamente aa Madrid VII (Estremera). A tres de ellos, de manera incondicional, mientras que dos pueden salir si pagan sus fianzas de 5.000 euros. La posibilidad de la elusión de la privación de libertad de estos dos investigados responde a las pruebas que constan en la causa y a las declaraciones efectuadas en el transcurso de la jornada de hoy en el órgano judicial, precisan fuentes del TSJM.
A las órdenes de un clan dominicano
En la investigación se han registrados cuatro domicilios, dos de ellos de los encartados, además de celdas y taquillas.
Instituciones Penitenciarias mantiene medidas de seguridad reforzadas por la introducción en los centros de drogas y otros elementos prohibidos, especialmente desde el confinamiento y las limitaciones de comunicaciones con el exterior debido a la pandemia del Covid-19, precisa Ep.
La trama estaría encabezada, además de por los sospechosos, por un clan de origen dominicano, que sería el que realizaba los ‘encargos’ de droga y teléfonos a los funcionarios, que recibían una contraprestación a cambio , de ahí el delito de cohecho.
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