Las preguntas sin resolver del piso entregado a una militante de Podemos en Alcalá de Henares

El Gobierno local asegura que «las personas que la habitan –en referencia a Morata y su pareja, Ángel Cuevas– han cumplido y cumplen estrictamente todos los requisitos necesarios para alquilarla; con sus pagos acordes a sus ingresos , así como sus notificaciones en tiempo y forma». Respecto al proceso, añade que «está avalado por el personal técnico municipal, responsable del cumplimiento de las normas».

Pero lo cierto es que aún quedan preguntas sin resolver. No hay ninguna explicación sobre cómo Gloria Morata, que nunca solicitó el piso , es incluida por la edil de Vivienda, Olga García, en su propuesta ante la Junta de Gobierno para reformular el contrato original, firmado por Cuevas y su exnovia (Cristina Sanz), e incluir a Morata. Tampoco cómo es posible que hiciera esta proposición dos días antes de que los propios implicados solicitaran la rescisión del convenio, en el caso de Sanz, y la constitución de una nueva unidad familiar, en el de la pareja. Y lo que es más grave: cómo el proceso siguió su curso si las peticiones de los nuevos inquilinos son dos folios manuscritos sin sello de registro en el Ayuntamiento.

Como ha informado este periódico, Cuevas y Sanz firmaron un contrato de alquiler para una vivienda joven en mayo de 2015, pero un año después, el primero pidió un piso más grande por «ampliación de familia». El matiz es que la embarazada no es la inquilina, sino Morata, que pronto pasará a habitar el inmueble.

Morata y Cuevas formalizan la entrada en el piso el 1 de abril de 2016. Pero un año después, en marzo de 2017, piden una reducción de la renta del alquiler , que se abarata en un 15 por ciento, de 319,02 euros a 271,17. Si bien del comunicado se desprende que todo está en regla para esta ayuda, no hacen mención a que la militante de Podemos fue contratada dos meses después como asesora del grupo de Somos Alcalá y no lo notificó.

Según las condiciones que asumió al aceptar la reducción: «La parte arrendataria queda obligada a comunicar al Ayuntamiento cualquier variación que se produzca en su situación personal o económica, por cuanto pueda suponer la pérdida de la reducción o incremento del porcentaje a aplicar en la renta. Asimismo, durante el periodo de la reducción, semestralmente, deberá acreditar el mantenimiento de las condiciones que han ocasionado esa situación y se someterá a un Plan de Intervención Social consensuado con los Servicios Sociales Municipales». Aunque pasó a cobrar 36.000 euros al año , no avisó.

Fuentes de Somos Alcalá detallaron esta semana, tras la primera publicación de este diario, que no lo hizo porque solo era para tres meses (para una suplencia de junio a octubre de 2017) y no llegaba al límite salarial, pero unas horas después cambió el discurso y aseguró que sí advirtió de su mejora económica. No obstante, en la declaración del Ayuntamiento tampoco se profundiza en este tema.

De lo que tampoco ha habido más detalles es sobre el argumento de que cubrió una suplencia. Se mantiene esta teoría pese a la casualidad de que el cese de Morata como asesora, el 8 de octubre, coincide con varias peticiones de información del PP sobre el tema de la vivienda: el 5 y el 19 de septiembre y el 25 de octubre. El despido llega dos semanas después de solicitar el expediente de adjudicación, tras conocer que está implicada una persona de Somos.

El Ayuntamiento cierra el comunicado con alusiones a los gobiernos anteriores y sobre las supuestas fuentes de este diario. «Que ha sido este Gobierno municipal el primero que ha regularizado la adjudicación de ese tipo de viviendas que ahora se sortean ante notario con la presencia de todos los solicitantes que quieran estar presente, como se llevó a cabo el sorteo del pasado 14 de febrero de 2018» y «lamenta el uso y la filtración que se ha hecho de datos personales de las personas afectadas».