PP y Ciudadanos aplauden que el Gobierno recurra la Oficina Antifraude

La Abogacía del Estado ultima la presentación del recurso, en el que especifica que la Oficina, aprobada en pleno por Ahora Madrid y el PSOE, vulnera 10 artículos de seis leyes y otros 5 de la Constitución Española. La piedra angular de la causa judicial, que será dirimida por la vía de lo Contencioso-Administrativo, tiene dos bases: las funciones de las que se dota al organismo y su composición. De un lado, la Oficina Antifraude y contra la Corrupción se arroga la potestad para realizar investigaciones sobre asuntos que podrían incurrir en materia penal, lo que invade competencias de jueces, fiscales y Policía Judicial.

En cuanto a quiénes y mediante qué criterios se elige para conformar la entidad, las polémicas son varias . La principal, que el director no tendrá que ser funcionario y podrá ser elegido a dedo, sin tener en cuenta sus méritos y capacidad. Otro choque contra lo que dicta la Carta Magna.

El portavoz de Participación Ciudadana del PP en el Ayuntamiento de Madrid, Percival Manglano , mostró su alegría por el anuncio de la Delegación de Gobierno. «El organismo se basa en un reglamento ilegal , porque vulnera no sólo leyes, sino también derechos constitucionales de los funcionarios, en particular, y de los empleados públicos, en general. Ahora Madrid no quiere que la Oficina Antifraude sea independiente, sino que esté sujeta a los intereses políticos del Gobierno de Carmena y sus aliados del PSOE».

Para la portavoz de Cs, Begoña Villacís , «es el germen de todas las corrupciones, puesto que el reglamento pasa por que el director puedan elegirlo entre Ahora Madrid y los socialistas»: « Vulnera la intimidad , que deja indefensos a muchos funcionarios, ya que podían entrar a su ordenador, que podían mirar todo sin acompañamiento».

Menos argumentos tuvo Rita Maestre para defender las polémicas generadas por la Oficina Antifraude ante el envite judicial que se avecina. «Nunca la Delegación tuvo tanta actividad en Madrid, deben estar desbordados», ironizó la portavoz municipal, que defendió el organismo . Llegó, incluso, a justificar su concepción con los casos de corrupción en el PP, sin entrar a valorar si, efectivamente, contraviene la ley, como defiende la Abogacía del Estado.

«Las instituciones tienen que tener mecanismos de protección contra el fraude y de protección a los funcionarios que denuncian estas conductas. Es Dancausa quien debe explicar por qué se interpone en su creación».