Maestre ironiza sobre el recurso contra la Oficina Antifraude: «Nunca Dancausa tuvo tanto trabajo»

Maestre, que ha defendido la oficina, ha justificado su concepción con los casos de corrupción en el PP, sin entrar a valorar si, efectivamente, el reglamento contraviene la Ley , como defiende la Abogacía del Estado. «Las instituciones tienen que tener mecanismos de protección contra el fraude y de protección a los funcionarios públicos que denuncian estas conductas», ha señalado la portavoz. Rita Maestre ha asegurado que esta oficina «hace falta» en la capital y que es Dancausa quien debe explicar «por qué se interpone» en la creación de este órgano.

Como ha publicado ABC , la Delegación del Gobierno recurrirá la Oficina Antifraude del Ayuntamiento porque, presuntamente, vulnera hasta 10 artículos de seis leyes y otros 5 de la Constitución Española. Este polémico proyecto, también muy criticado por la oposición , pretende convertirse en un órgano fiscalizador e inspector ante posibles conductas delictivas de los empleados públicos, pero el Gobierno recela de este extremo. Entre los derechos fundamentales que vulnera, según este escrito, está el Derecho al honor, regulado en el artículo 18 de la Carta Magna.

A juicio del Gobierno central, la oficina invadirá las competencias de los jueces y fiscales y de la Policía Judicial. «Basta con que la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción considere que existe responsabilidad penal/política, además de la puramente disciplinaria, para que continúe con sus actuaciones de investigación y de inspección sobre el personal municipal», asegura la Abogacía del Estado.

No obstante, las reticencias de la Delegación del Gobierno, que dirige Concepción Dancausa, no remiten únicamente a las competencias . También atiende a quién conformará esta oficina. El reglamento elaborado, ya aprobado en el Pleno con los votos favorables de Ahora Madrid y PSOE, no exige que el director ni los vocales tengan que ser funcionarios de carrera . Según consta en el recurso, se vulnera, supuestamente, el artículo 92.3 de la Ley de Bases de Régimenya Local y el 9.2 del Estatuto Básico del Empleado Público. Poro otro lado los criterios de elección de estos cargos directivos no están especificados, por lo que se contravienen los principios de mérito y capacidad que marca el artículo 103.3 de la constitución.

Rita Maestre ha asegurado que el equipo de Gobierno mantiene su hoja de ruta, con independencia del recurso, y sigue a la búsqueda de un director. La portavoz ha aventurado que su elección, en cualquier caso, deberá ser aprobado por el Pleno.