El «Eurovegas» de Cordish, en el alambre

Esta comparación surge porque ambos proyectos tienen el juego como elemento central, algo que ya supuso la primera negativa que los técnicos regionales otorgaron a Live!Resorts Madrid allá por el mes de marzo. Hoy, esos expertos se volverán a reunir en torno a una Mesa Técnica encargada de dirimir el rumbo definitivo de un proyecto que, en los pasillos de la Real Casa de Correos -sede del Gobierno que preside Cristina Cifuentes- consideran bastante parecido al que se rechazó en su día.

Pese a prometer 56.433 puestos de trabajo y 2.200 millones de euros de inversión, la Comunidad no consideró que la primera propuesta de Cordish fuera merecedora de convertirse en un CID. Esta figura, además dar importantes ventajas administrativas, exige que el plan agraciado tenga carácter multisectorial ; en este caso concreto, que combine el juego con otras facetas, como el comercio, la industria, el deporte, el entretenimiento o la cultura. Y justo ahí falló Live!Resorts Madrid a ojos del Gobierno.

En mayo, Cordish remitió a Cifuentes su segundo proyecto. Representantes de la multinacional norteamericana manifestaron que habían corregido en el nuevo dossier las deficiencias que les habían costado la luz verde en la primera tentativa. Principalmente aseguraron que Live!Resorts Madrid cumplía con el requisito de ser un espacio multisectorial en todas sus fases de construcción. En dicho proyecto se presentan distintas zonas culturales, comerciales o deportivas que complementan al casino y que se construirían de forma escalonada empezando por el edificio dedicado al juego.

Según ha podido saber ABC, y a falta de que se conozcan las conclusiones de la reunión de hoy, en la Comunidad no agrada que la principal fuente de ingresos de este macrocomplejo de ocio sea, precisamente, el juego. La proyección de ingresos que Cordish le remitió a Cifuentes detalla que, durante el primer año, el 62 por ciento de los ingresos que generaría el centro provendrían del juego. En concreto se trata de 486.861 euros de los 784.028 del total. A años luz quedan los beneficios por entretenimiento cultural (24,592 euros), comercio (25.210 euros), hoteles (114.644 euros), oficinas (7.347 euros), restauración (101.630 euros) o turismo de negocios (23.743 euros).

Joseph Weinberg , CEO de Cordish Global Entertainment, defendió en una entrevista con este diario que el juego sólo es una parte más de la oferta de este centro de ocio a gran escala que le propusieron a la Comunidad. Sin embargo, admitió que el juego iba a ser la principal fuente de ingresos para ellos: «Sí, es cierto», contestó al ser preguntado al respecto.

Desde Cordish nunca han especificado hasta dónde iba a llegar su insistencia ni tampoco si, en caso de una segunda negativa, abandonarían definitivamente la idea de levantar un macrocomplejo de ocio en Torres de la Alameda. Lo que sí han confirmado es que la viabilidad de esta iniciativa pasa obligatoriamente por que la Comunidad la considere como un CID, una figura que da ventajas administrativas, urbanísticas, fiscales y de normativa al promotor que la consiga. De ahí viene la insistencia del grupo norteamericano.

Si un proyecto adquiere la vitola de CID, éste puede desarrollarse en cualquier tipo de suelo urbanizable, recibirá una autorización integrada de todas las licencias y un permiso para abrir un nuevo casion en la región. También tendría una serie de especificidades en materia de juego, como la posibilidad de acceso de menores acompañados de un mayor de edad al recinto y la concesión de créditos a los jugadores, entre otras peculiaridades.

Desde el punto de vista fiscal, Cordish también persigue obtener las ventajas que le otorgaría un CID, como por ejemplo que el tipo tributario para los casinos se situara en el 10 por ciento frente a la tarifa actual, que oscila entre el 15 y el 40 por ciento. Estos privilegios le fueron denegados ya una vez a Cordish, que únicamente aseguró construir en primera instancia la zona central del complejo, donde se concentraban las instalaciones de juego. Así, únicamente aseguraba una inversión de 600 millones de euros sobre los 2.200 millones totales y, a ojos de los técnicos regionales, comprometía el carácter multisectorial que se le exigía para ser considerado un CID. Este extremo fue desmentido por la compañía que, al presentar su segundo proyecto, se mantuvo firme en la construcción por fases. Eso sí, remitió varios avales bancarios con los que trató de convencer a Cifuentes de que iba a invertir todo el dinero.

La decisión final podría conocerse hoy. Curiosamente un viernes, el mismo día que eligió la Comunidad para anunciar la primera negativa.