La Comunidad de Madrid acusa a Sánchez de abonarle sólo la mitad de lo que le debe

La Comunidad de Madrid lleva meses reclamándole al Gobierno de España las cantidades que le adeudan. Cuando el presidente en funciones Pedro Sánchez informó durante un mitin que abonaría estas cantidades que adeudaba a las comunidades, la noticia se tomó con alivio. El viernes pasado, el Consejo de Ministros, en efecto, incluía en su reseña el decreto ley que permitiría actualizar las entregas a cuenta de 2019 para las comunidades autónomas, y reconocía que no abonarlas podría «generar un problema de tesorería en la parte final del año para las comunidades autónomas, lo que hace que sea urgente el abono de los anticipos».

A Madrid, según se señaló el viernes por el Ministerio de Hacienda, le corresponderían 679,25 millones de euros. Un dato que no coincide con el que esperaba el Gobierno bicolor de Madrid: ellos aseguran que el Ministerio de Hacienda comunicó en julio de 2018 que recibirían este año, en concepto de entregas a cuenta, 14.485,77 millones de euros. Como los presupuestos generales del Estado se prorrogaron –ante la ausencia de Gobierno–, se les transfería lo que éstos recogían en 2018, es decir, 13.752,87 millones de euros. La diferencia entre esta cantidad y la comunicada en julio de 2018 son los 733 millones que apuntan como deuda.

Pero ahora Hacienda ha determinado que lo que se les va a pagar son 679,25, «50 millones de euros menos, que nos sisan sin una justificación, en una nueva apuesta por estrangular a los madrileños» del presidente Pedro Sánchez, según Aguado.

Además, esta cantidad no es ni la mitad del total que reclama el Gobierno regional al Central: el ejecutivo autonómico dice que son 1.237 millones de euros los que se le adeudan: de ellos, 733 son las entregas a cuenta, 377 millones son por la liquidación del IVA de 2017, y 127 por las aportaciones que deberían hacer este año al Consorcio Regional de Transportes, y aún no se han hecho.

Desde el Ministerio de Hacienda explican a ABC que «la previsión de julio de 2018 varió cuando se presentaron los Presupuestos Generales del Estado, medio año más tarde». Además, en el caso de Madrid, «hay que tener en cuenta que aprobaron una rebaja del IRPF», lo que «afecta muy poco, pero algo afecta también».

Pero Aguado ha insistido en criticar la actitud del Gobierno de Pedro Sánchez, especialmente en lo relativo a las aportaciones al Consorcio de Transportes, que pueden «poner en jaque» inversiones previstas y muy necesarias. Como ejemplo, señala, ese dinero «daría par acomprar 11 trenes de Metros, 66 nuevos vagones, lo que contribuiría a mejorar el servicio». Era su manera de dejar claro que «lo que no nos paga afecta al día a día de los madrileños» , por lo que pidió al presidente en funciones que «deje de ser mal pagador».

El consejero de Transportes, Ángel Garrido , envió ayer una carta al ministro de Fomento, José Luis Ábalos –con copia a la secretaría de Estado de Hacienda–, en la que le reclama esos 126,8 millones que no han pagado aún al Consorcio de Transportes. Le recuerda que ya se le han enviado escritos a distintos organismos de la Administración Central en dos ocasiones con esta reclamación, sin recibir respuesta alguna.

Garrido avisa al ministro que esta falta de financiación por parte de uno de los principales socios del Consorcio «está suponiendo fuertes tensoines en su tesorería, que serán dramáticas en el caso de que al término del año no se produzca el ingreso previsto ». A renglón seguido, le recuerda la obligación de las administraciones de hacer una «gestión eficiente» de la oferta de transporte público, por el bien de los ciudadanos, y le recuerda que «la lealtad institucional no es una virtud; es una obligación moral».

Tras señalarle que «el decaimiento , el olvido o el abandono de los compromisos adquiridos» termina destruyendo «la confianza en las instituciones». Por eso, le pide una reunión urgente para saber qué medidas va a tomar la Administración General del Estado para transferir ese dinero que adeuda a Madrid antes de que finalice el año, «y evitar las lamentables consecuencias que la falta de financiación estatal puede provocar en el transporte madrileño».