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EDITORIAL ABC

Carmena no está por encima de la ley

La alcaldesa, al igual que el resto de ciudadanos, debe atenerse a la legalidad, y su concejal de Hacienda debería dimitir por no haber sido capaz de hacer unas cuentas de acuerdo a la normativa

Manuela Carmena, junto al presidente del Estado de Israel, Reuven Rivlin EFE

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Todos los responsables políticos están obligados a cumplir y hacer cumplir la ley cuando asumen un cargo público, en arreglo a lo que dicta la Constitución y el Estado de Derecho, ya que, en caso contrario, la democracia se convertiría en un régimen autoritario que ... quedaría al albur de la voluntad arbitraria que ostente cada partido en el poder. Sin embargo, este principio no es compartido por los independentistas, como bien ejemplifica la crisis de Cataluña, ni por los populistas a nivel nacional o local, tal y como evidencia también el caso de Ahora Madrid. El Ministerio de Hacienda decidió ayer intervenir las cuentas del Ayuntamiento de la capital de España debido al reiterado incumplimiento de la regla de gasto que ha protagonizado el equipo de Manuela Carmena. La Ley de Estabilidad Presupuestaria, aprobada en 2012, limita el crecimiento del gasto que pueden llevar a cabo las distintas administraciones con el fin de asegurar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Su aplicación en el ámbito municipal ha sido todo un éxito, ya que los ayuntamientos han saneado sus cuentas y, de hecho, registran superávit. Sin embargo, el Ayuntamiento de Madrid ha vulnerado dicha regla desde que la filial de Podemos se hizo con los mandos municipales hace algo más de dos años y, lejos de corregir esta senda, ha perseverado en esta ilegalidad con burdas artimañas fiscales. En 2015, el consistorio superó el techo de gasto en 17 millones de euros, el incumplimiento se amplió a 233 millones el pasado ejercicio y el Gobierno estima ahora que el exceso rondará los 238 y los 243 millones de euros en 2017 y 2018, respectivamente. Y lo peor de todo es que el concejal de Hacienda, Carlos Sánchez Mato, ha hecho caso omiso a los constantes requerimientos lanzados por el Ministerio, demostrando su nula intención de respetar la normativa. Como consecuencia, el Gobierno ha activado las medidas coercitivas que establece la Ley de Estabilidad, de modo que pasará a supervisar semanalmente las cuentas municipales, sin descartar futuras acciones.

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