El blindaje fiscal, última de las batallas que emprende Ayuso en su pugna con Pedro Sánchez

La ley que blinda las rebajas fiscales madrileñas lleva tiempo sobre la mesa: la presidenta Díaz Ayuso la anunció en su discurso de investidura, en junio, y fue a consulta pública, como anteproyecto, en octubre. Ahora acaba de recibir luz verde definitiva del Gobierno autonómico, y pasará ya a la Asamblea.

En ella, se establece la obligación de que los poderes públicos madrileños –la Asamblea, los órganos superiores de Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid y los órganos y entidades dependientes de estos– reaccionen con todos los mecanismos a su alcance «en la legislación nacional, europea o internacional» ante las normas que infrinjan su corresponsabilidad fiscal.

Concretamente, señala que «el Gobierno de Madrid y su parlamento regional» responderán ante «cualquier ley, disposición, normativa o acto del Estado con fuerza de ley» que infrinja la corresponsabilidad fiscal y la autonomía en esta materia de la comunidad y será «objeto de recurso de inconstitucionalidad». Fernández-Lasquetty criticó que los madrileños viven «bajo la amenaza del hachazo fiscal» que quiere imponer Pedro Sánchez, que pretende obligar pagar «a un impuesto de Sucesiones altísimo, y de Patrimonio, en contra de la voluntad de los madrileños, que así lo demostraron clarísimamente en las anteriores elecciones».

También recoge la ley que «cuando una disposición, resolución o acto emanado del Estado o de otra comunidad autónoma no respete la autonomía financiera o corresponsabilidad fiscal de la Comunidad de Madrid», se formulará un requerimiento de incompetencia y, en caso de no ser atendido, se puede plantear «un conflicto positivo de competencia».

Pese al ruido que pueda generar, esta norma no es la primera que dicta el Gobierno regional para combatir o retrasar los efectos de decisiones del Gobierno central que considera que le perjudican. De hecho, la primera se produjo en diciembre de 2020, cuando la presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció que ampliaría a 10 años la duración de los conciertos educativos en la región, con lo que blindaba el actual modelo de la región al menos hasta 2027. Era su forma de contestar a la nueva ley de Educación, la Lomloe, más conocida como Ley Celaá.

De este modo, le daba «más tiempo» a las familias que quieran «seguir optando libremente a este modelo educativo», y conseguía driblar, al menos temporalmente, la nueva norma educativa, que prima la enseñanza pública frente a los conciertos.

Siguiendo esta misma estrategia, en julio de 2021 el Gobierno regional enviaba a la Asamblea la Ley Maestra, de Libertad Educativa, que pretende dar una protección especial a la enseñanza concertada y la especial, frente al tratamiento que da a ambas modalidades la Lomloe . En el texto legal, aún en trámite, se contemplan también escudos para mantener la segregación por sexos en centros sostenidos con fondos públicos. Es un nuevo intento de neutralizar una norma estatal a través de otra de menor rango, regional.

En esta carrera de desencuentros con el Gobierno de España, aún ha habido en las últimas semanas otro motivo de choque entre ambas administraciones. En este caso, tiene que ver con otra norma estatal que todavía no ha sido publicada pero ya está anunciada:el real decreto que regulará el acceso al funcionariado, y que en la práctica va a suponer que los interinos con más de 5 años en el puesto tengan prácticamente asegurada la plaza fija.

Ha habido una corriente del colectivo docente contraria a la norma, y el Gobierno autonómico madrileño también ha manifestado su rechazo. Que además, ha llevado a los hechos. La fórmula, en esta ocasión, no ha sido una ‘contranorma’ sino la convocatoria de 5.500 plazas para maestros de Primaria y docentes de ESOy FP.

La oferta de empleo pública se dio a conocer este mes, y supone adelantar la oposición para parte de estas plazas, de manera que cuando el Real Decreto que favorece a los interinos sea publicado, el proceso de incorporación de nuevos funcionarios docentes ya estará en marcha por el procedimiento que se utilizaba hasta ahora. Sin aplicar el nuevo real decreto estatal. Un nuevo giro de guión, que también han utilizado otras regiones para sortear, sin saltarse la ley, una norma del Ejecutivo central que no les convence.