La Junta Electoral excluye a la etarra inhabilitada que iba en una lista de EH Bildu

Este jueves, donde constaba el nombre de Sara Majarenas era en el oficio que la Guardia Civil le entregó por la mañana en mano en su domicilio del pueblo guipuzcoano de Astigarraga -el mismo en el que aspiraba a ser concejal desde el último puesto de una lista de EH Bildu-, para notificarle que tiene vigente una condena de inhabilitación. Se escribió una vez más: en la resolución que por la tarde firmó la Junta Electoral de Zona de San Sebastián expulsando formalmente su candidatura.

Los acontecimientos se desencadenaron en cuestión de horas. La Fiscalía de la Audiencia Nacional dijo el 17 de mayo que había revisado la hoja histórico penal de cada una de las personas citadas en la denuncia de Dignidad y Justicia, 43 nombres con sus apellidos en un anexo. No había encontrado indicios delictivos ni razón para cuestionar las candidaturas. Caso cerrado.

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Isabel Vega

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Poco después, la Fiscalía General del Estado difundió un informe técnico que daba por democrático a EH Bildu y rechazaba proponer su ilegalización, como pedían algunas voces. Sobre sus candidatos, descartaba la impugnación por dos motivos. El primero, ahora en tela de juicio dada la situación de Majarenas, que habrían cumplido ya sus condenas.

El segundo, y no menor, que en el régimen electoral rige la preclusión de plazos, es decir, una vez cerrado el periodo hábil para impugnar a un candidato, la lista es inamovible y sólo cabe impedir la toma de posesión. Los siete de Bildu con delitos de sangre en su haber anunciaron que darían ese paso. El domingo, en cualquier caso, se les podrá votar. Sus nombres siguen en las papeletas.

El miércoles, Dignidad y Justicia volvió a la Audiencia Nacional pero no ya a la Fiscalía sino al servicio común de ejecutorias, que es el que pilota el cumplimiento de las condenas que allí se dictan. Instaba a revisar la de Majarenas con una premisa: la entrada en el Parlamento Vasco en 2015 de un etarra aún inhabilitado evidenció que las penas accesorias no se incluyen en las liquidaciones de condena de manera automática, así que o se piden expresamente, o pueden no figurar en la hoja histórico penal. Y esas eran las hojas que había mirado la Fiscalía.

A resultas, el servicio de ejecutorias de la Sala de lo Penal dictó este jueves una providencia directa a los fiscales. Trasladaba que en el caso de Majarenas, la pena de privación de libertad consta cumplida a 9 de abril de 2018, que la pena de multa prescribió en junio del mismo año y que la pena de inhabilitación absoluta por tiempo «superior en diez años» a la de cárcel consta «pendiente de cumplimiento». Resuelve practicar la liquidación de esa pena y da dos días de plazo tanto a la Fiscalía como a la etarra para alegaciones.

Es lo que le estaba notificando la Guardia Civil cuando tocó a su puerta en Astigarraga. Ella podría aducir que ya ha prescrito, los plazos están muy ajustados y la propia sección de ejecutorias pregunta a los fiscales sobre otra condena que la inhabilita para empleo o cargo público porque, vencidos 15 años desde que el Supremo confirmó la sentencia, podría estar caducada.

También puede Bildu recurrir ante la Junta Electoral Central la expulsión de su candidata, al margen de que las elecciones sean el domingo porque al fin y al cabo, su nombre estará en las papeletas, como la de los siete con delitos de sangre.

Miembro del Comando Levante de ETA, tuvo entre sus objetivos a Rita Barberá. Fue detenida en una posada en el año 2005 y encarcelada. Su condena lo fue por pertenencia a ETA, falsedad documental y tenencia ilícita de armas con fines terroristas, pero si por algo es conocida Majarenas es porque padeció el intento de asesinato de su hija, nacida en prisión. La niña tenía poco más de dos años cuando la expareja de ella, que la tenía a su cargo, la apuñaló. Él fue condenado a 28 años de cárcel.