El juez coloca a Santos Cerdán como líder de una organización criminal

Apunta el juez que, indiciariamente, sería la persona «encargada de percibir los premios económicos, comisiones o mordidas a cambio de los cuales se otorgaban las indebidas adjudicaciones». Y resalta que todo apunta en la dirección de que era Cerdán «quien se encargaba de reclamar a las constructoras indebidamente favorecidas por las adjudicadas las cantidades adeudadas» y las recaudaba y las hacia llegar después a los Ábalos y Koldo García.

Por otro lado, el juez justifica su decisión de enviar a Cerdán a prisión a diferencia de lo que hizo con Ábalos y Koldo García, a quienes dejó en libertad, en que «este conocimiento privilegiado« es el que pone de manifiesto »la necesidad de conjurar, en este momento y en la medida posible, el riesgo de que, de permanecer Santos Cerdán en libertad, pudiera ocultar, alterar o hacer desaparecer las pruebas relevantes para el esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan».

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Riesgo, dice, que tenderá a disminuir «conforme la investigación avance en el conocimiento de esas hasta ahora ignoradas circunstancias, a partir del análisis de los muy numerosos efectos ya intervenidos en los registros practicados y de las actuaciones que se sucedan en la presente causa especial».

Así, matiza que lo relevante para adoptar la medida de prisión es «su posición funcional en el marco de la organización» y no tanto «la referida relación vertical, ni lo embrionario de la investigación respecto a Santos Cerdán».

El magistrado también explica que considera que, hipotéticamente, se podría cuantificar en más de cinco millones de euros el «botín» que podría haberse repartido con los otros investigados. «El botín indiciariamente obtenido por, o comprometido para, los Sres. Ábalos y García (en el entorno de un millón de euros) representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas», explica.

Y añade que si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, «un uno por ciento del valor de las adjudicaciones -porcentaje aún muy contenido en términos comparativos con otras operaciones semejantes- dicho premio equivaldría a una cantidad superior a los 5 millones de euros». Cabe recordar que el juez sostiene que las adjudicaciones investigadas alcanzan los 500 millones de euros.

Así, comenta en su auto que esto «refuerza (…) la idea de que más personas, físicas o jurídicas, además de Ábalos, García y Cerdán, pudieran haberse lucrado con las mencionadas adjudicaciones, eventualidad que, desde luego, no puede ser descartada en este momento».