Los socios exigen a Sánchez un revulsivo que frene la sangría en el pleno del día 9

Sumar tiene un problema añadido: continúa dentro del Gobierno mientras sube el tono cada día, intentando escenificar un endurecimiento que no se plasma en ninguna acción concreta. No termina de explicar en qué escenario vería insostenible mantenerse dentro del Consejo de Ministros y, al mismo tiempo, es consciente de que será muy difícil levantar cabeza si el caso sigue escalando. Las encuestas ya sitúan a la formación de Yolanda Díaz en una situación dramática mientras Podemos es –con total claridad– el partido que más se desmarca del Ejecutivo. Hablan abiertamente de ruptura y de una legislatura acabada.

La preocupación de todos los grupos crece con los días. La imagen de la UCO de la Guardia Civil registrando la sede de Ferraz hace dos semanas fue un punto de inflexión porque, entre otras cosas, recordaba mucho a lo que ocurrió hace años en el cuartel general del PP de Génova cuando la financiación irregular del partido era ya una evidencia. Fue el caso de corrupción que provocó el desembarco de Pedro Sánchez en la Moncloa a través de la moción de censura. La financiación ilegal sigue siendo el «hasta aquí» de todos los partidos que apoyan al PSOE. Pero la duda sigue siendo si habrá nuevas revelaciones que lo aceleren. Ninguno quiere dar el primer paso, pero tampoco ninguno está tranquilo. El miedo que se repite es que acaben sufriendo un castigo de los electores en futuras elecciones por haber sostenido a un PSOE rodeado de corrupción. Y este lunes llegó la segunda imágen trágica: Santos Cerdán se iba del Tribunal Supremo en un furgón policial camino de Soto del Real y desde entonces duerme en prisión.

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El mismo hombre que ocupaba la secretaría de Organización de los socialistas hasta hace poco más de 20 días y que ha negociado prácticamente con todos los socios, forjando una relación de cierta confianza con muchos de ellos. Junts y Bildu son los ejemplos más evidentes: era Cerdán el que ataba los votos para cada ley del Ejecutivo en el Congreso con ambos. Como antes lo hizo para la investidura de Sánchez. Y en el caso de Carles Puigdemont, convirtiéndose en su interlocutor más directo.

En este momento hay una coincidencia en el diagnóstico de todos los socios de Sánchez: ni las declaraciones del presidente ni los pasos que ha dado hasta ahora sirven para nada. No resultan tranquilizadores ni ayudan a frenar la sangría provocada por la trama. Los cambios orgánicos que el PSOE acometa en el Comité Federal del sábado en Ferraz –ya ha comunicado muchas bajas en la dirección– serán mirados con lupa, pero toda la presión se vuelca ya sobre el pleno del día 9 de julio en el Congreso, convocado para que Sánchez dé explicaciones y anuncie un paquete de medidas anticorrupción que pongan coto a lo ocurrido y, sobre todo, que den garantías de que no irá a más.

Los grupos exigen concreción en las medidas –la izquierda pone el foco también en las empresas corruptoras– y que lance mensajes contundentes. En Sumar son partidarios de que las empresas condenadas por corrupción no puedan participar en un concurso público durante 20 años. ERC ha sido el otro partido más combativo en este sentido. La formación de Yolanda Díaz, que no vio avances en la reunión que mantuvieron los dos socios de la coalición esta semana, también pide una reforma de la ley de partidos que obligue a las formaciones a pagar lo que roben sus dirigentes. También han propuesto crear una Agencia Independiente contra la Corrupción, que pueda investigar denuncias anónimas y tenga capacidad de sancionar.

Lo que algunos aliados repiten a Sánchez es que no están dispuestos a asumir la responsabilidad que el presidente les endosa para evitar que la derecha gobierne el país. El primero que lanzó esa advertencia fue Gabriel Rufián y, después, el resto se ha ido sumando en la misma línea. Cuando el miércoles PSOE y Sumar salieron de su reunión sin un acercamiento de posturas ni la convicción de que los socialistas han asumido lo que ha ocurrido en sus propias filas, el resto de socios se echaron a temblar. «Definitivamente no entienden lo que puede llegar a pasar», reflexionaban. En el PSOE reconocen que es Sánchez el que diseñará desde Moncloa las medidas del miércoles. Y a partir de entonces todo el partido saldrá a la ofensiva a la espera de que los aliados traguen.