Concluye sin acuerdo la primera reunión entre los funcionarios de Justicia y el Ministerio de Llop

De momento, y tal y como ha reconocido el comité de huelga en un comunicado, el Ministerio no ha llevado a la reunión de hoy ninguna propuesta económica, por lo que los funcionarios apuestan por mantener la presión para reforzar la negociación. Cada día de paro de estos trabajadores que desempeñan funciones de auxilio judicial y que gestionan el día a día de los Tribunales está suponiendo la suspensión de 70.000 actos procesales, lo que incluye juicios, vistas, notificaciones y otro tipo de comunicaciones.

Pese a ello, las negociaciones siguen en marcha y de hecho las partes se han emplazado a un nuevo encuentro el próximo lunes, cuando se cumplirá una semana de las primeras movilizaciones. Hasta entonces el comité anuncia que se seguirán convocando los paros parciales diarios que cubren el grueso de la jornada laboral de los funcionarios (de diez a una de la tarde).

Y ello hasta que no exista una «propuesta concreta» que abarque las dos principales reivindicaciones de los funcionarios de Justicia: la paralización y negociación de la Ley de Eficiencia Organizativa que se tramita en el Congreso y el «reconocimiento y clarificación de las funciones que se realizan efectivamente por los funcionarios de cuerpos generales y especiales y su retribución adecuada«, es decir, que se vea un incremento en su nóminas.

Según fuentes del comité, en la reunión de este jueves apenas se han producido «tímidos avances» en relación con el retraso de la tramitación parlamentaria de la citada ley (para dar cabida a la negociación y a la clarificación de funciones) y la clarificación de funciones de los distintos cuerpos.

Como informó ABC, aunque sólo 12.000 de los 45.000 funcionarios llamados a la huelga dependen del territorio no transferido (Baleares, las dos castillas, Extremadura, Murcia, Ceuta y Melilla y los órganos centrales), todo el personal de la Justicia son cuerpos nacionales, por lo que orgánicamente dependen del Ministerio de Pilar Llop. Así, reclaman que la subida se realice a través del «complemento general del puesto», una retribución de carácter básico ligada a las funciones y que se fija por Presupuestos Generales del Estado o por un Real Decreto, explican fuentes del comité.

En la actualidad, la horquilla de este complemento va de los 200 euros que cobra un funcionario de auxilio judicial en un juzgado de paz a los 385 que cobra un gestor administrativo. Lo que quieren es una subida salarial proporcional a la de los LAJ, que vieron incrementado sus sueldos mensuales entre 430 y 450 euros.