Interior responsabiliza a la Guardia Civil de un crimen machista en Mallorca

El suceso ocurrió en mayo de 2016 en una vivienda del Port de Pollença (Mallorca). La pareja de la mujer, Ioan Ciotau, la apuñaló repetidamente en el pecho con un cuchillo de unos 16 centímetros de hoja a la vista de todos en el balcón de la vivienda. Mientras ella pedía auxilio agarrándose a los barrotes de la barandilla, él continuó atacándola por la espalda. Los sanitarios que la atendieron no pudieron salvar su vida.

Horas antes, la mujer había acudido a un puesto de la Guardia Civil para denunciar a su pareja, pero no se le tomó denuncia formalmente, a pesar de que estuvo cinco horas allí y le atendieron cinco agentes distintos. Al no recogerse la denuncia, no se activó el protocolo establecido en materia de violencia de género.

Tras el asesinato, se abrió un procedimiento para investigar la actuación de los agentes de la Benemérita, por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos y otro de denegación de auxilio. Posteriormente fue archivado, y al quedar sobreseída esta causa penal, la Guardia Civil desestimó las reclamaciones de los familiares de la mujer.

El hombre fue condenado a 22 años de prisión por el crimen. Tras el asesinato, se abrió un procedimiento para investigar la actuación de los agentes y finalmente fue archivada por no apreciar delito por parte de los agentes. Ahora, el demoledor informe del Ministerio del Interior establece una conexión directa entre el asesinato y la negligencia de los guardias, al asegurar que «contribuyó a permitir que se mantuviera una situación del alto riesgo».

La atención a la víctima se produjo «en la sala de espera y estando ella en pie», sin que se la hiciera pasar a una dependencia y se le dedicara «el tiempo necesario».

La resolución de la Secretaría General Técnica del Ministerio del Interior considera que aunque la muerte de Patrascu es resultado directo del asesinato cometido por su pareja, «ello no implica una exoneración total de la Administración».

Entiende que al no adoptar «todas las medidas posibles tendentes a garantizar las condiciones de seguridad exigibles, contribuyó a permitir que se mantuviera una situación de alto riesgo, imputable al servicio público».

En definitiva, considera que debió haberse hecho un tratamiento personalizado, acompañando a la víctima y haciendo una valoración del riesgo antes de que la mujer abandonara el cuartel.

«No se adoptaron las medidas de auxilio y de protección que, en rigor y buena lógica, debieron haberse adoptado, y que en este caso concreto, pudieran muy probablemente haber evitado el fatal desenlace que tristemente se produjo», concluye la Secretaría Técnica.