Qué implica declarar la emergencia migratoria en toda España, como solicita el PP

En lo que va de año han entrado en España casi 30.000 personas de manera ilegal, el 77% de ellos en las Islas Canarias; esto supone un aumento del 96% en el país y del 167% en el archipiélago. Los preocupantes datos respaldan la petición del PP de declarar la emergencia migratoria en todo el territorio español, no sólo en Canarias, Ceuta y Melilla. El Gobierno de Sánchez pretende aceptarlo solo en los citados territorios, pero los populares consideran que debe extenderse a todas las comunidades que lo requieran, pues hay zonas como Murcia o Madrid «cerca del colapso».

En Canarias, debido al desbordamiento de acogidas, ya han tenido que habilitar centros nuevos, pues los que existían hasta hora tienen capacidad máxima para 2.000 personas, pero a día de hoy están atendiendo a casi 6.000, mientras siguen llegando más inmigrantes ilegales todos los días.

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Precisamente, para aprobar la emergencia migratoria en una provincia esta debe tener los centros ocupados hasta, al menos, el 150%, y el PP denuncia que varias más, como Almería, Alicante o Murcia, ya están en estas condiciones. Darle luz verde a este medida, entre otras cosas, facilitaría los trámites burocráticos para gestionar la crisis.

Así, sería más rápido la derivación de menores a otras comunidades, la construcción de centros habilitados y se acortarían los plazos.

El Código de Extranjería, actualizado el pasado 4 de marzo, recoge que «cuando concurran situaciones de emergencia que desborden la capacidad» de los centros de internamiento de extranjeros, «podrán habilitarse otros centros de ingreso temporal o provisional procurando que sus instalaciones y servicios sean similares a los de los centros, gozando los internos de los mismos derechos y garantías».

Además de extender la emergencia migratoria al resto del país, los populares proponen también comprobar la edad de los inmigrantes que lleguen a España de forma ilegal, garantizando que sean verdaderamente menores de edad.

También plantean que el Gobierno se comprometa a luchar contra la inmigración de manera real, pidiendo ayuda a la Unión Europea, reforzando el control de fronteras y actuando en los países de origen.

Asimismo, el PP exige una memoria económica detallada con el compromiso de financiar todos los años de tutela de los menores y que el Gobierno central se responsabilice de gestionar los posibles colapsos administrativos que esta crisis provoque. Por último, piden que haya garantías de que el reparto de los menas sea verdaderamente entre todas las autonomías y que quede reflejado de forma que no pueda evitarse mediante transferencias de competencias.