El Gobierno no tiene ningún centro preparado para acoger a menores de Canarias

Así lo admiten distintas fuentes con las que ha hablado este periódico, que reconocen que las instalaciones que hay abiertas «están preparadas para mayores, pero no para niños que requieren unas especificidades concretas».

Hace más de cuatro meses que el Gobierno sabe que tiene la obligación de reubicar a más de 1.200 menores que están a día de hoy bajo la tutela de Canarias. El Tribunal Supremo les ha ordenado hasta en dos ocasiones, debido a la desobediencia por parte del ministerio que dirige Elma Saiz, que se hicieran cargo de los pequeños, que pidieron asilo en nuestro país.

En la última ocasión, tras una dura reprimenda por parte del Alto Tribunal y el enfado del Gobierno de Canarias, trasladaron a los primeros menores de las instalaciones autonómicas al centro Canarias 50, en Las Palmas, y que es titularidad del Estado.

De ahí, según se establece en la ley, deberían salir la semana que viene con destino a la península. A ello se comprometió también el Ejecutivo. Pero nada hace pensar que esos plazos se vayan a cumplir.

Esos retrasos sistemáticos en hacerse cargo de los menores, según las distintas fuentes consultadas a nivel del Gobierno y de Canarias, se debe a esa imposibilidad de dar una respuesta adecuada de alojamiento a las necesidades de los niños. Moncloa, según denuncian en el gabinete presidido por Fernando Clavijo (Coalición Canaria), trata de «ganar tiempo» a base de «ir dilatando un proceso que debería haber empezado hace muchas semanas».

En Santa Cruz de Tenerife esperan que pese a no tener ninguna información aún hoy, ni de la fecha ni del lugar donde van a ser trasladados los niños, en una logística compleja de la que tiene que hacerse cargo el gobierno autonómico en todas las etapas, esta vez el Ejecutivo sí cumpla con su palabra y antes de finalizar el mes de agosto se produzcan las primeras derivaciones, tal como estableció el Tribunal Supremo.

En el Gobierno, a nivel interno, insisten en llevar a Pozuelo de Alarcón (Madrid) a los primeros niños que serán trasladados presumiblemente a lo largo de este mes de agosto. El espacio en el que tiene la mirada puesta el Ministerio de Migraciones, no es otro que el actual centro de acogida, muy cerca de los estudios de TVE, propiedad del mismo ministerio, en este caso del Instituto Nacional de la Seguridad Social.

Pero este emplazamiento, además de tener en la actualidad a 395 personas pernoctando en sus instalaciones -la mitad de los cuales refugiados ucranianos-, tiene unaorden de clausura por parte del consistorio, al no contar con los permisos correspondientes para residir en su interior.

El Gobierno, cuando empezó la invasión rusa de Ucrania, reconvirtió esta gran nave en un macro centro de acogida, pese a que las condiciones de habitabilidad no eran las óptimas. Fuentes municipales, que nunca les han dejado acceder al interior, señalan que en este tiempo no se ha solicitado ningún tipo de permiso de obras.

En este sentido, según indican las mismas fuentes, que sí lo visitaron antes de la llegada de los primeros ucranianos, el interior no está pensado para que viva nadie.