El Gobierno intenta frenar la inquietud europea por el 23J

El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Pascual Navarro, acudió ayer a Bruselas para participar en la reunión ordinaria del consejo de ministros de Asuntos Generales, en la que según fuentes diplomáticas habría intentado convencer al resto de los socios de que la convocatoria electoral no alterará el programa de la presidencia española. Pero el peso de los asuntos que deben ser gestionados este semestre convierte esta situación en preocupante y la hipótesis de un cambio de gobierno en julio dejaría la presidencia española en apenas un par de meses de acción efectiva.

En Bruselas, Navarro no quiso tener ningún contacto con los periodistas, al contrario del ministro de Agricultura, Luis Planas, que también tenía un consejo de ministros de su ramo en la capital comunitaria y que dijo con aplomo que «la presidencia se va a mantener como tal» con «todas las responsabilidades y toda la actividad vinculadas». Y a pesar de que el Gobierno no ha consensuado el programa con ningún otro partido, Planas dijo estar convencido de que las prioridades que ha diseñado el actual ejecutivo «son las prioridades nacionales de España y, por tanto, no va a haber ningún problema al respecto» si el actual gobierno perdiera las elecciones.

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Oficialmente, los diplomáticos españoles han empezado a ejercer en los pasos preliminares. La actual presidencia sueca ya transfiere algunos papeles de asuntos que se han quedado pendientes y funcionarios españoles asisten desde hace más de una semana a las reuniones previas a las sesiones del Coreper con la secretaría general del Consejo.

La Comisión Europea, sin embargo, se juega mucho en esta recta final de la legislatura y ayer su portavoz principal dijo que habían «oído comentarios según los cuales Sánchez ha asegurado que España cumplirá sus obligaciones y nosotros trabajaremos con las autoridades para que eso sea la realidad, cualquiera que sea la situación política en España».

La formulación del portavoz hablando de «comentarios» alude directamente al hecho de que Sánchez no informó a la Comisión de la convocatoria electoral ni antes de anunciarlo públicamente ni después, como hubiera sido de esperar como gesto de responsabilidad institucional.

La situación de unas elecciones generales en pleno verano es tan inédita en Bruselas como en España. Federico Santi, analista senior de Eurasia Group, ha declarado en medios de información especializada que pase lo que pase «la capacidad de España para supervisar la presidencia y dirigir expedientes clave se verá severamente restringida», dado que «el primer mes se perderá en la campaña electoral con un gobierno cojo en funciones, y probablemente gran parte de agosto, septiembre y octubre cuando el nuevo gobierno asuma y encuentre su equilibrio», en caso de que haya un cambio de mayoría.

Los dos asuntos en los que la presidencia española debería ser crucial son la reforma de las reglas presupuestarias, que deben ser aprobadas a toda costa antes del final de la legislatura o la Comisión deberá volver a aplicar el viejo Pacto de estabilidad ahora suspendido; y también está pendiente la reforma del mercado de electriciad, que era una de las prioridades del Gobierno, aunque en este caso no coincidía con las de la Comisión.