El Gobierno establece la capacidad ordinaria de acogida de menores inmigrantes tras una reunión sin consensos con las comunidades

Después del calvario que supuso recoger los datos de acogida de menores inmigrantes de las comunidades autónomas, entre críticas y pleitos, el Ministerio de Juventud e Infancia ha presentado a los técnicos de las consejerías del ramo los cálculos que han elaborado con la información -en algunos casos desactualizada- remitida por cada región. El resultado es la capacidad ordinaria de acogida de cada territorio.

Según los datos, a los que ha tenido acceso ABC, prácticamente todas las comunidades autónomas deberán crear nuevas plazas para alcanzar el objetivo establecido por el Gobierno, ya que casi ninguna tiene habilitadas todas las camas que le corresponderían atendiendo al criterio de población.

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Ejemplo de esto es Andalucía. Un territorio con 8 millones de habitantes que actualmente cuenta con 1.384 plazas para atender a infancia inmigrante. Según los cálculos del Ministerio, esta región debería tener 2.756 camas habilitadas, por lo tanto debe crear 1.372. En el caso de Madrid el déficit es de 83 plazas, algo por debajo de Cataluña, que deberá habilitar 136 camas, lo cual puede conducir a error. Esto no significa que finalmente la capital vaya a acoger a menos menores no acompañados que Cataluña, puesto que estas cifras no se corresponden a traslados, si no a capacidad que debe tener cada territorio para acoger a menores cuando una comunidad se declare en situación de contingencia migratoria.

Esa situación de contingencia migratoria se podrá declarar cuando un territorio supere por tres su capacidad ordinaria. Actualmente, según los datos del Ministerio, hay cuatro regiones que superan el número de plazas estructurales. Canarias, Baleares y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La situación en las islas es crítica, así lo ha manifestado el vicesecretario de la consejería insular de Asuntos Sociales, Francisco Candil, a la salida de esta nueva reunión, una de muchas, mantenida entre Gobierno y comunidades en la que ha primado la falta de consenso.

Falta de consenso con las comunidades, no porque no haya habido diálogo, -es la tercera vez que se reúnen los técnicos del Ministerio de Juventud con los consejeros territoriales del ramo- si no porque ante la imposibilidad de alcanzar unanimidad en las votaciones para alterar la propuesta del Gobierno, el decreto ley y el reparto planteado y pactado con sus socios nacionalistas sigue su curso. Ya lo avisó la titular de la cartera de Juventud, Sira Rego: «En ausencia de alternativa, se aplica el real decreto».

Este cónclave ha sido otra estación en el 'vía crucis' que está siendo llevar a cabo el reparto interterritorial de los más de 4.000 menores que continúan hacinados en centros de Canarias. Una situación que no termina de ver la luz al final del túnel.

Ahora, con la capacidad ordinaria establecida, queda otra reunión, una nueva Sectorial de Infancia y Juventud, sin fecha establecida, en la que se terminarán de fijar los criterios para el reparto de estos más de 4.000 menores que continúan hacinados en las islas.

Según estos nuevos cálculos casi todos los territorios deberán crear más plazas para acoger menores en situación de desamparo. Deberán hacerlo en tiempo récord, pues la próxima conferencia sectorial servirá para fijar los criterios y la aspiración de Rego siempre ha sido comenzar los traslados en verano, aunque el decreto se curó en salud estableciendo un plazo máximo de un año para llevarlo a cabo.