El Gobierno establece penas de prisión a empresarios que incumplan la ley laboral

Aunque Unidas Podemos defiende que ésta no es la legislación que ellos habrían aprobado de tener mayoría por sí mismos, consideran que el pacto con el PSOE «blinda la movilización civil pacífica» en el nuevo tipo de desórdenes públicos agravados que se va a incorporar en el Código Penal tras la supresión del delito de sedición.

A través del proceso de enmiendas a la proposición de ley para reformar el Código Penal, que está sirviendo al Gobierno para introducir multitud de cambios legales, se modificará también el artículo 311 «para proteger a las trabajadoras y trabajadores y evitar que los incumplimientos reiterados de la legislación laboral no queden impunes», en palabras de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, en un mensaje en sus redes sociales. En el Congreso de los Diputados comparecían el presidente del grupo parlamentario confederal en el Congreso, Jaume Asens, y el portavoz del grupo, Pablo Echenique.

En lo relativo a la protesta social, Asens ha recordado que el artículo 557 bis fue aprobado por el PP en 2015,y que en términos prácticos podía utilizarse para reprimir la «protesta pacífica». Con la nueva redacción no se podrán perseguir acciones de protesta que no lleven aparejadas violencia o intimidación. Echenique ha defendido que se avanza a la hora de proteger el «derecho constitucional a la protesta pacífica». Y que también se garantiza que el nuevo delito de desórdenes público «no limite el ejercicio de la manifestación y movilización».

Sobre la modificación del artículo 311, Asens ha explicado que la subida de penas se aplicará empresarios que de forma reiterada incumplen la legislación laboral porque les «compensa pagar la multa antes que cumplir la legalidad». Así, según reza el texto, la se impondrá «a quien imponga condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo, o las mantenga en contra de requerimiento o sanción administrativa». Las penas que se establecen van desde los seis meses hasta los seis años de prisión, y multa de seis a doce meses para los empresarios que incumplan de forma reiterada la legislación en materia laboral.