El Gobierno cesa al fiscal propuesto por Delgado cuyo nombramiento anuló el Supremo hasta dos veces

Una vez cesado, la plaza queda desierta, por lo que ahora deberá ponerse en marcha el proceso para cubrirla, lo que implica la convocatoria de un nuevo concurso; la celebración de un Pleno del Consejo Fiscal para valorar a los candidatos que compitan por el puesto; la propuesta del actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, con el aspirante que considere mejor para el cargo; y la consecuente designación por parte del Consejo de Ministros.

El Ejecutivo ha dado este paso, que aparece publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cuatro meses después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TS anulara por segunda vez el nombramiento de Esteban Rincón, insistiendo en que los motivos aportados por Delgado para nombrarlo no son válidos.

Esteban Rincón llegó al cargo en 2021, tras un Pleno del Consejo Fiscal donde obtuvo el apoyo de cinco vocales, mientras que el fiscal José Miguel de la Rosa, logró seis votos. Pese a ello, Delgado se decantó por el primero, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), asociación a la que perteneció la ex fiscal general.

El Supremo anuló ese nombramiento por primera vez en abril de 2022 por falta de motivación. En respuesta, Delgado firmó un escrito de 22 páginas dando argumentos reforzados para la designación de Esteban Rincón y volvió a proponerlo para el cargo, en el que fue confirmado. Tras ello, tanto la Asociación de Fiscales (AF) –la mayoritaria en la carrera fiscal– como De la Rosa volvieron a recurrir ante el Supremo, que el pasado 4 de julio les dio la razón incidiendo en la falta de motivación.

Los magistrados sintetizaron los nuevos argumentos de Delgado a favor de Esteban Rincón en su «experiencia y capacitación en la jefatura de fiscalías», su conocimiento del derecho constitucional y su «sintonía» con «la orientación que la fiscal general del Estado tiene acerca de la Fiscalía de Sala de Menores y, más en general, con su política criminal».

La Sala Tercera respondió que, aunque «la fiscal general del Estado puede legítimamente considerar a unas personas más valiosas e idóneas que otras, y nadie podría sensatamente criticar que las convicciones de la fiscal general del Estado –como las de cualquier otra persona– influyan en sus preferencias», «elevar este inevitable sesgo a criterio explícito, objetivo y legítimo de preferencia no es ajustado a Derecho».

El Supremo aclaró que, si solo se hubiera dirimido el ascenso a la máxima categoría (fiscal de sala), «las razones dadas por la propuesta de la fiscal general del Estado habrían constituido una motivación atendible, justificada y suficiente».

No obstante, subrayó que se debatía otra cosa: «Si a la hora de adjudicar una concreta plaza con un perfil determinado, como es la Fiscalía de Sala de Menores, cabe preferir a un candidato sin ninguna experiencia teórica ni práctica en la materia sobre otro que ha acreditado ser un verdadero especialista en la misma», a lo que dio una respuesta negativa.