El Gobierno acerca a otros 7 presos de ETA al País Vasco y ya sólo le faltan 14
Fueron condenados a casi 5.000 años de cárcel por asesinar a 12 personas, entre ellas el exministro socialista Ernest Lluch o el concejal popular Alberto Jiménez Becerril y su esposa
El Gobierno ha aprobado este viernes el traslado a cárceles del País Vasco de otros siete presos de ETA condenados a miles de años de cárcel por numerosos atentados y una docena de asesinatos. Así lo ha adelantado la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), ... que recuerda que ya sólo quedan 14 etarras para que Sánchez y Marlaska «puedan pasar a la historia como los responsables de acercarlos a todos a cárceles del País Vasco», gestionadas desde el año pasado por el Gobierno autonómico que preside el PNV, partidario de acelerar los terceros grados o semilibertades de los etarras.
Los siete acercados son Fernando García Jodrá, Fernando Elejalde, Jesús María Echevarría, José Ignacio Cruchaga, Francisco Ruiz, José Luis Barrios y Daniel Pastor. Los cinco primeros cumplían condena hasta ahora en León y los dos últimos lo hacían en Pamplona y Zuera (Zaragoza), respectivamente.
Entre todos suman condenas de cárcel por más de 4.800 años, especialmente Pastor, que sólo él fue sentenciado a casi 4.400 por asesinar al brigada Luis Conde y al policía nacional Eduardo Puelles . También colocó un coche bomba en una casa cuartel de Burgos en 2009 que provocó hasta 160 heridos, entre ellos 41 niños.
Las otras diez víctimas de estos presos de ETA son el que fuera ministro socialista Ernest Lluch, los concejales populares José Luis Ruiz Casado, Francisco Cano y Alberto Jiménez Becerril junto a su esposa, Ascen García, el concejal de UPN Tomás Caballero, el agente de la Guardia Urbana de Barcelona Juan Miguel Gervilla, el guardia civil Antonio Molina, el funcionario de prisiones Francisco Javier Gómez y el peluquero Domingo Puente.
Con esta tanda, el 92% de los presos de ETA ya se encuentran en prisiones vascas y navarras, donde son trasladados los etarras originarios de la comunidad vecina. Entre las de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa hay 154 y en la de Pamplona otros 12, además de seis en libertad condicional.
La AVT también critica a la Dirección General de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo por asegurar que avisa de estos traslados mucho antes de que se produzcan. «Mienten», le afea este colectivo, que acusa a Montserrat Torija, directora de ese departamento de Interior, de «avisar a las asociaciones mientras da a la tecla de envío a los medios de comunicación». Una situación que, como viene denunciando la AVT, deja a los colectivos de víctimas sin tiempo para que sus psicólogos preparen a las familias afectadas para recibir y digerir la noticia de estos traslados. «Es un comportamiento vergonzoso» de Torija y su departamento, concluye la AVT.
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