El PSOE utiliza el acuerdo de investidura con el BNG para lucir al 'candidato Besteiro' a la Xunta

Sin mencionar explícitamente a los nacionalistas gallegos, el candidato socialista para las elecciones autonómicas —todavía sin fecha, pero que tendrán que convocarse como muy tarde en verano— les recordó que Sánchez no los necesita para ser presidente. Y su valoración ante la prensa, en clave electoral, giró sobre el supuesto mimo de Sánchez hacia la comunidad: «El presidente del Gobierno español que más ha mirado por Galicia», y el buen hacer de los «siete diputados socialistas gallegos en el Congreso». «Cuando gobernamos los socialistas, a Galicia le va bien», añadió Besteiro.

Para el BNG, en cambio, han sido los nacionalistas los que han conseguido situar a Galicia en la agenda de Sánchez. En declaraciones a los medios en dependencias del Congreso después de firmar el acuerdo con la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, la líder de los nacionalistas gallegos, Ana Pontón, presumió de un pacto, que, recalca, es «de investidura y no de legislatura».

También en clave preelectoral, Pontón, como era previsible, aprovechó el acuerdo con los socialistas para arremeter contra el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda. La portavoz nacional del Bloque sacó pecho de que los nacionalistas están haciendo el trabajo que él «no es capar de hacer». «Y es triste ver cómo el presidente de la Xunta, en vez de estar contento y satisfecho porque la agenda gallega avance, está enfadado y negando la realidad», añadió Pontón desde el Congreso.

Pero, ¿qué dice la letra de ese acuerdo, que los nacionalistas presumen de haber 'arrancado' y que los socialistas 'venden' como solo el primer paso de un carrusel de anuncios de inversiones? —unos y otros, por cierto, estarían condenados a entenderse para gobernar Galicia si en las elecciones autonómicas el PP no consigue la mayoría absoluta—. Son un total de 22 puntos, y, para su cumplimiento, según recoge el documento, se creará una comisión de seguimiento, «que se reunirá regularmente con carácter cuatrimestral, o bien cuando cualquiera de las partes lo considere pertinente«.

Los primeros puntos, en clave de organización territorial y económica, establecen que el Gobierno de Sánchez —en caso de atar su investidura en sus negociaciones con los partidos secesionistas catalanes— se compromete a que cualquier modificación de la estructura del Estado, en referencia al País Vasco y Cataluña, «asegurará a Galicia el mismo estatus que las otras dos» nacionalidades históricas.

También recoge que, en caso de condonaciones totales o parciales de la deuda de las comunidades autónomas adheridas al Fondo de Liquidez Autónomica, deberá haber «medidas compensatorias análogas para Galicia, en el marco de las compensaciones a aquellas comunidades autónomas que no hicieron uso del FLA«.

Además, el acuerdo alude a «la propuesta» de una convocatoria de la Comisión Mixta de Transferencias Estado- Xunta antes de finales de este año para programar, a lo largo de la próxima legislatura, «la activación de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia, así como de las competencias que han sido objeto de consenso en el Parlamento» gallego.

En el ámbito de las infraestructuras, los compromisos más destacados tienen que ver con rebajas en los peajes de las autopistas gallegas y de diversas iniciativas en el transporte ferroviario; estos últimos, difíciles de cumplir, en algunos casos, y una mera enunciación de buenos propósitos o el compromiso de «acelerar» obras que ya están en marcha, en otros. Por ejemplo, realizar «un estudio» para la implantación de servicios de tren de cercanías en Galicia, priorizando los tramos de Vigo a Pontevedra y de La Coruña a Ferrol. También hablan, por ejemplo, de «acelerar los trabajos» de la conexión ferroviaria entre Vigo y la frontera portuguesa, o mejorar otras infraestructuras ya existentes.

En cuanto a las carreteras, PSOE y BNG pactan «nuevos descuentos» para las autopistas AP-9 y AP-53. Se incrementarían los descuentos para usuarios superrecurrentes en la AP-9, del 20 % actual al 50 %, y se equipararían los de esta autopista con los de la AP-53. El Gobierno también se compromete a «seguir trabajando para conseguir la gratuidad del peaje», y a «asegurar la finalización de los tramos pendientes» de la autovía entre Santiago y Lugo antes de que acabe 2024.

Otro punto del acuerdo es, por ejemplo, crear cinco nuevos juzgados de violencia machista —Lugo, Orense, Santiago, Pontevedra y Ferrol—.