Izquierda caviar y doble moral

El pobre Fernández Ordóñez, padre de esa ley con UCD, fue víctima de una brutal campaña de desprestigio por hacer oficial lo que era real, que diría otra víctima de la calumnia como Adolfo Suárez. Es evidente históricamente que el tiempo da y quita razones, pero a veces la verdad tarda tanto, si llega, que la doble moral parece ganar.

En 1993, como alcalde de Vigo, presenté un recurso contencioso administrativo contra la prórroga de la concesión de la Autopista del Atlántico que se aprobó en Consejo de Ministros a propuesta de Josep Borrell, siendo secretario general de infraestructuras Emilio Pérez Touriño.

El futuro presidente de la Xunta fue cesado en ese puesto del Ministerio en octubre de 1994. Volvió a su puesto como profesor de la Universidad de Santiago, y recién llegado al departamento universitario, la empresa Audasa, todavía pública, firmó con ese departamento un convenio por valor de 50 millones de pesetas para realizar un estudio sobre el impacto económico en la economía regional de la construcción de la Autopista del Atlántico. El estudio se publicó en 1997 por la editorial Civitas.

Está promiscuidad público privada me recuerda un caso más reciente. El Eixo Atlántico, del que fui miembro fundador en 1993, le encargó a Abel Caballero y a Abel Losada, con financiación de Caixanova, un estudio sobre el sistema aeroportuario del Eixo. Por cierto, las recomendaciones que se hicieron en este último estudio nunca fueron defendidas por Caballero y Losada cuando tuvieron el poder en el Ayuntamiento de Vigo.

La izquierda caviar vive como la burguesía mientras predica la igualdad. El problema no son las ideas, somos las personas. ¿Qué dirían estos voceros del Apocalipsis si yo hubiera publicado un estudio financiado por una empresa farmacéutica, simplemente por un décimo de lo que pagó Caixanova o una centésima parte de lo que pagamos todos en Audasa?

Al final, en ambos casos, pagamos ustedes y yo. Audasa se malvendió con más años de concesión y las cajas gallegas nos costaron 7.400 millones de euros.

¿Alguien nos ha justificado esos dispendios generosos con representantes públicos? Legal fue, pero si fueran del PP, lo estaríamos recordando implacablemente.