La Xunta tiende la mano a Caballero para lanzar el Área Metropolitana

El mayor obstáculo que se ha encontrado la administración autonómica durante los últimos meses ha sido la posición resistente de Vigo. Para salvarlo, la Xunta ha tendido la mano al alcalde olívico, Abel Caballero , y atendido sus dos reivindicaciones principales, relacionadas con el sistema de gobernanza del área y las competencias que tendrá que asumir la misma. Sobre el primero de los puntos, Vigo requería que se incorporase un modelo de voto ponderado en el órgano de gobierno de la nueva administración supramunicipal de modo que los concellos con menos población no tengan la misma valoración que los de mayor peso demográfico. Pero el sistema introduce un factor de corrección que impide que la ciudad pueda tomar decisiones de modo unilateral, de modo que se necesita el acuerdo de cuatro municipios . Por otra parte, a petición Cangas y Redondela, también se estipulan las sanciones o suspensiones económicas a las instituciones locales que opten por no adherirse a los servicios comunes, llegando incluso a contemplarse su expulsión del área.

En cuanto a las competencias, el acuerdo recoge la cesión de atribuciones de la Diputación que ahora mismo ejercía en el área de referencia. En materia de transporte — otro de los puntos que generó mayor polémica— se crea un comité que tome las decisiones sobre la cuestión en cuanto a rutas, horarios o frecuencias. De este modo, la Xunta entiende que se garantizan las ayudas económicas comprometidas, y que resultan iguales a las de otras áreas similares, así como se recoge un «blindaje legal» del compromiso de todos los concellos a incorporarse al Plan de Transporte Metropolitano de Galicia.

Según explicó ayer el presidente autonómico, una de las características del Área Metropolitana de Vigo es que será una institución viva, en cuanto a que cuando sea preciso podría abandonarla alguno de los municipios que ahora la conforman, o sumarse alguno nuevo en el caso de que cumpliese los requisitos establecidos.

Para su entrada en vigor, para la que la Xunta se compromete a agilizar los plazos, se necesita ahora de la aprobación en los plenos municipales de cada uno de los integrantes. Una vez cumplido este trámite, se remitirá al Parlamento, por lo que Feijóo mostró este jueves su deseo de que pueda llegar a aprobarse en el período de sesiones en curso .